El Gobierno cubano asegura haber resuelto el 96,7% de los planteamientos realizados por la población en la Isla de la Juventud, pero la cifra contrasta con una realidad marcada por apagones, falta de agua, problemas de transporte, deficiencias sanitarias y escasez de alimentos.
El dato fue presentado este lunes durante la XXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y fue tomado por usuarios en redes como una muestra del cinismo y la desfachatez del gobierno, que celebró tener “satisfecha” a su población mientras los datos dicen lo contrario.
Según informó la Agencia Cubana de Noticias, de los 13.465 planteamientos recogidos durante los procesos de Rendición de Cuenta y Despachos, 13.023 fueron considerados atendidos y 442 permanecen pendientes.
Sin embargo, el propio informe muestra que resolver una queja en los registros oficiales no significa necesariamente que el problema cotidiano haya desaparecido.
Un ejemplo está en la vivienda. De las diez solicitudes para reparar edificios multifamiliares incluidas en el Plan de la Economía de 2026, solamente dos tienen solución. Las ocho restantes continúan paralizadas por falta de materiales, equipos especializados, trabajadores calificados y recursos financieros.
La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa el funcionamiento de los servicios básicos. En agosto, toda la Isla de la Juventud quedó prácticamente sin electricidad debido a la falta de combustible. La interrupción también afectó actividades productivas, transporte y sistemas de bombeo de agua.
El problema tampoco terminó con la electricidad. A comienzos de septiembre, una avería en las conexiones de ETECSA dejó al territorio varios días prácticamente incomunicado, mientras que los teléfonos fijos quedaron limitados a llamadas locales.
El citado medio informó además que semanas antes se había promocionado una nueva zona WiFi en Nueva Gerona, aunque los usuarios continuaban enfrentando problemas de conectividad.
La situación se repite en otros puntos del país. Residentes de Real Campiña, en Cienfuegos, denunciaron haber pasado casi 30 días sin agua y con apagones de hasta tres jornadas consecutivas. En La Habana, vecinos llegaron a detener una pipa después de permanecer más de 36 horas sin electricidad y sin suministro de agua.
La crisis también alcanza al transporte. La falta de combustible obligó a reducir capacidades en guaguas y trenes interprovinciales. En Songo-La Maya, además, transportistas llegaron a mezclar aceite vegetal con diésel para mantener sus vehículos funcionando, mientras aumentaban los precios de los pasajes.
En salud, el contraste resulta todavía más difícil de ignorar. El propio Gobierno reconoció en agosto que Cuba disponía de apenas el 30% de los medicamentos de su cuadro básico y acumulaba 98.500 personas pendientes de cirugía.
El citado medio también documentó casos de centros médicos sin materiales elementales y denuncias relacionadas con la falta de insumos para atender pacientes.
Mientras tanto, conseguir comida continúa siendo otro de los problemas diarios. En septiembre, el citado medio reportó precios de 800 pesos por una libra de pollo, 960 por seis huevos y hasta 5.500 por una bolsa de leche.
Incluso las condiciones sanitarias se han deteriorado. El Ministerio de Salud Pública reconoció recientemente la circulación simultánea de dengue, chikungunya, COVID-19, influenza, hepatitis y enfermedades diarreicas, en un contexto de problemas con agua, saneamiento y recogida de residuos.
Por eso, el 96,7% anunciado merece una pregunta básica: ¿qué significa exactamente que una queja fue resuelta? El informe no explica con suficiente precisión el criterio utilizado.
Y mientras esa metodología no sea clara, la enorme cifra oficial convive con una realidad en la que buena parte de las necesidades que generan esas quejas siguen presentes.
