El Consejo de Estado aprobó el pasado jueves una modificación significativa en las pensiones de los militares jubilados, un aumento de hasta el 90% en algunos casos, con el objetivo de fortalecer la seguridad social de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Según la versión oficial, la medida busca garantizar la protección de los exmilitares y sus familias, ajustándose a la legislación vigente en el país. En un comunicado, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, explicó que la modificación del Decreto-Ley 344 responde a la necesidad de ofrecer mayores beneficios a aquellos que sirvieron al país por décadas.
Según sus palabras, “es necesario actualizar el Decreto-Ley 344, conforme a la legislación vigente en el país, en interés de incrementar la protección en materia de seguridad social al militar y a su familia”.
La reforma impacta a miles de militares cubanos jubilados que verán un aumento sustancial en sus pensiones. Ahora, las pensiones podrán alcanzar hasta el 90% del salario mensual percibido por el militar en activo, o del promedio de estos.
Esta modificación incluye un punto importante: los militares con 50 años o más de servicio activo, o aquellos con 45 años de servicio que se reincorporen al servicio, podrán beneficiarse de la modificación sin limitación alguna.
El cambio también estipula que los militares pensionados con más de 25 años de servicio recibirán una base de cálculo aumentada, alcanzando un 60% por los primeros 25 años y un 3% adicional por cada año extra de servicio. Sin embargo, la pensión no podrá superar el 90% de la base de cálculo, salvo algunas excepciones específicas.
Otro aspecto destacado en las modificaciones es la autorización para que los militares jubilados se reincorporen al trabajo remunerado, sin perder sus pensiones. Los pensionados podrán ocupar cargos tanto de manera permanente como temporal, manteniendo el derecho a devengar ambos pagos: salario y pensión.
Además, la reincorporación de los pensionados al servicio activo será permitida por el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quien podrá asignarles nuevos cargos o los mismos que desempeñaban previamente.
El Decreto-Ley también introduce una nueva medida sobre la suspensión de pensiones, que se aplicará en casos de no cumplimiento de los exámenes médicos periódicos o de no presentar documentos requeridos, como en el caso de los viudos pensionados que comiencen a trabajar.
El aumento de pensiones refleja una medida del régimen ante la creciente crisis social y la fuga masiva de ciudadanos. Con un éxodo que deja al país sin suficientes recursos humanos para sostener el aparato estatal, el gobierno busca asegurar la lealtad de los militares retirados a través de beneficios económicos.
La reforma tiene más que ver con mantener un ejército dispuesto a reprimir cualquier intento de levantamiento popular que con un genuino interés por mejorar el bienestar de los exmilitares. Mientras los cubanos enfrentan inflación, escasez y bajos salarios, el gobierno prioriza a aquellos encargados de garantizar la permanencia del régimen.
