Autoridades de Santiago de Cuba pusieron en marcha un amplio operativo que dio como resultado la retención de más de 200 motocicletas y al menos 20 autos, según las denuncias compartidas al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
La acción desató alarma y temor entre trabajadores del transporte informal y usuarios que dependen de esos medios para moverse en una ciudad golpeada por el colapso del transporte público.
“Es el modus operandi de estos corruptos, después andan pidiendo dinero para sacar las motos del depósito. Es una cadena de corrupción grande, al final el que busca su sustento honradamente sale perdiendo, este operativo se debería hacer a quienes venden droga”, dijo Diva Torres.
Por su parte, Dennis Guillot Ramírez calificó de abusadores a los involucrados en este decomiso masivo. “Con la escasez del transporte y el alto valor del combustible solo están creando más caos en la población, se llevan hasta motores que sirven para ir a trabajar”, manifestó.
Julio González Guerra no descarta que las motos decomisadas terminen siendo propiedad de los agentes. “Dentro de un tiempo verán esas motos en la calle, pero con un nuevo dueño con grados de policía, esa es la pura verdad”, indicó.
La magnitud de la redada supera incluso la del pasado 19 de febrero, cuando las autoridades inmovilizaron 181 vehículos, entre motos, triciclos eléctricos y triciclomotores, en el Centro Provincial de Depósito de Santiago de Cuba.
En aquella ocasión, la emisora oficialista CMKC justificó la medida alegando infracciones a la Ley 109 del Código de Seguridad Vial. Según esa versión oficial, los vehículos retenidos entonces presentaban irregularidades como estacionamiento indebido, conducción sin licencia, mal estado técnico y modificaciones ilegales en los tubos de escape.
Sin embargo, aquel operativo también provocó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos santiagueros cuestionaron que el gobierno optara por endurecer controles justo cuando la crisis del transporte alcanza niveles extremos.
El impacto de estas acciones se vuelve más grave si se tiene en cuenta el deterioro del transporte público en la provincia. De las 196 rutas existentes en Santiago de Cuba, solo 126 están operando, lo que representa un 64,3%. Además, esas rutas funcionan con frecuencias reducidas por la escasez de combustible, la falta de repuestos y el mal estado de casi el 70% de las vías.
La contradicción es todavía más evidente porque en febrero de 2026 el Ministerio de Transporte emitió licencias temporales para motos y triciclos sin matrícula, válidas hasta diciembre de este año.
Poco después, el 24 de marzo, entró en vigor la Resolución 7/2025 del Minint, que amplió de cinco a seis dígitos las chapas de motos y ciclomotores con el objetivo de regularizar miles de vehículos sin placa.
Ese doble discurso deja en evidencia una política errática. Mientras por un lado el régimen impulsa medidas para legalizar parte de ese parque vehicular, por el otro despliega operativos masivos de retención que golpean directamente a quienes sostienen el transporte de la población.
