Ciudadanos en el estado de Florida podrán portar armas de manera visible en público, luego de que un fallo judicial declarara inconstitucional la prohibición vigente desde 1987, informó The New York Times.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió un memorándum la semana pasada instruyendo a las fuerzas del orden a dejar de aplicar la norma que prohibía el porte abierto de armas. Asimismo, indicó que ya no existe base legal para detener ni procesar a quienes hagan uso de la referida acción.
Sin embargo, la medida no es absoluta. La prohibición continuará en colegios, universidades, bares, edificios judiciales y otros espacios públicos especificados por la legislación. Además, parques temáticos y comercios privados podrán rechazar la entrada de personas que porten armas a la vista.
El origen de este cambio legal radica en un fallo de un panel de tres jueces del Primer Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida, con sede en Tallahassee. En su decisión, los magistrados resolvieron que la prohibición de Florida sobre el porte abierto de armas carecía de base histórica y violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Florida’s 1st District Court of Appeals just ruled that Florida’s open carry ban is no longer constitutionally enforceable statewide. Our office fully supports the Court’s decision.
This is a big win for the Second Amendment rights of Floridians.
As we’ve all witnessed over the…
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) September 10, 2025
Este caso judicial fue impulsado por Stan McDaniels, quien fue detenido en 2002 en Pensacola por portar una pistola de manera visible durante una protesta. Su arresto inició un largo proceso legal que finalmente culminó con este cambio legislativo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la decisión y expresó su apoyo al fallo judicial. En un comunicado público, el mandatario señaló que la decisión alinea a Florida con la mayoría de los estados republicanos del país, reflejando una interpretación fiel de la Segunda Enmienda. “El tribunal interpretó correctamente que la Segunda Enmienda dice lo que significa y significa lo que dice”, aseguró el mandatario republicano.
The New York Times resaltó que, con esta decisión, Florida se une a otros estados como Texas y Arizona, que permiten el porte abierto de armas, sumándose a una tendencia nacional hacia un marco legal más permisivo.
A pesar de la celebración por parte de los defensores de la ley de armas, la medida sigue siendo un tema controversial. Algunos líderes policiales y legisladores republicanos se han opuesto a la eliminación de la restricción, citando posibles riesgos para la seguridad pública.
Esta resistencia aumentó tras la tragedia ocurrida en 2018, cuando un tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland dejó 17 muertos, lo que provocó un endurecimiento de las leyes sobre armas, incluido el aumento de la edad mínima para la compra de rifles de 18 a 21 años.
El fallo del tribunal entrará en vigor el 25 de septiembre del actual año. A pesar de la controversia, la oficina del fiscal general Uthmeier ha indicado que no planea apelar ni presentar nuevos procesos judiciales relacionados con la derogación de la prohibición.
El fiscal general también sugirió que la restricción sobre la edad mínima para la compra de rifles podría ser el próximo objetivo legal, lo que podría generar aún más disputas sobre el equilibrio entre el derecho constitucional a portar armas y la seguridad pública.
El pasado mes de julio, DeSantis firmó una ley que elimina el impuesto estatal sobre las ventas de armas de fuego, municiones y accesorios, estableciendo así el periodo conocido como Festividades fiscales de la Segunda Enmienda.
Este beneficio fiscal, que hará que las armas sean un 6% más económicas, estará vigente desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida forma parte de un paquete de recortes fiscales aprobado dentro del presupuesto estatal, diseñado tanto para aliviar la presión económica sobre los ciudadanos debido a la inflación, como para reforzar el derecho constitucional a portar armas.