El Banco Central de Cuba (BCC) eliminó de forma indefinida el límite de 5.000 pesos cubanos para los cobros y pagos en efectivo entre actores económicos, una medida que supone un nuevo cambio en la política de bancarización impulsada por el Gobierno desde 2023.
La decisión quedó recogida en la Resolución 74/2026, publicada este viernes en la Gaceta Oficial No. 81 Extraordinaria y firmada por la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal.
La nueva norma deja sin efecto, en la práctica, los artículos 4 y 5 de la Resolución 111/2023, que obligaban a realizar por vías electrónicas las operaciones superiores a 5.000 pesos.
Según el texto oficial, la suspensión responde a las “transformaciones económicas y sociales” del país y a la necesidad de utilizar “de forma más eficiente el efectivo disponible”. La medida estará vigente “hasta que las condiciones del país lo permitan”.
En lugar del límite fijo, ahora serán los bancos comerciales los encargados de negociar con cada actor económico el monto de efectivo que podrá mantener como fondo de caja para pagos menores.
Para ello, deberán evaluar factores como los ingresos en cuentas corrientes, los depósitos de efectivo, el volumen de operaciones electrónicas, el uso del servicio de caja extra, la actividad económica del cliente, las condiciones del territorio y la disponibilidad de dinero en cada sucursal.
La resolución será aplicable a empresas estatales, cooperativas, mipymes, trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios, pescadores comerciales, artistas, proyectos de desarrollo local, inversionistas extranjeros y otras personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar actividades comerciales.
La decisión llega después de que la política de bancarización obligatoria mostrara resultados muy por debajo de los previstos. Desde su entrada en vigor en agosto de 2023, el Gobierno promovió el uso de pagos electrónicos para reducir la circulación de efectivo, pero la falta de infraestructura, las fallas de conectividad y, sobre todo, la escasez de dinero físico impidieron que el sistema funcionara como esperaba.
Durante los últimos años, y especialmente en los últimos meses, han aumentado los reportes de largas filas en bancos y cajeros automáticos, dificultades para cobrar salarios y pensiones en ventanilla y una disponibilidad insuficiente de efectivo en prácticamente todas las provincias del país.
Las propias autoridades han reconocido la magnitud del problema. En julio, el diario oficialista Cubadebate admitió que la bancarización no logró consolidarse y que, en la práctica, muchos ciudadanos y negocios comenzaron a operar mediante un sistema informal para obtener dinero en efectivo.
Según datos citados por ese medio, apenas el 3,77% de las transacciones en Cuba se realizan de forma digital y menos del 10% de los negocios privados aceptan habitualmente pagos electrónicos.
Esa situación ha favorecido la aparición de un mercado negro de efectivo, donde personas y negocios cobran comisiones para entregar billetes a cambio de transferencias bancarias.
En algunas zonas del país, las comisiones han llegado al 40%, por lo que una transferencia de 1.000 pesos puede convertirse en apenas 600 pesos en efectivo.
Aunque el Gobierno sostiene que eliminar el límite permitirá administrar mejor el dinero disponible, la medida levanta cuestionamientos sobre su aplicación en un contexto donde el principal problema sigue siendo la falta de efectivo.
¿Qué impediría, pues, que las personas con mayores saldos disponibles lleguen primero al banco y acaparen el efectivo para revenderlo después, antes de que otros tengan la oportunidad de retirar cualquier cantidad?
La escasez de billetes ha dificultado durante meses el abastecimiento de los cajeros automáticos y ha provocado retrasos o limitaciones para pagar salarios y pensiones en las sucursales bancarias.
En esas condiciones, ampliar la posibilidad de realizar cobros y pagos en efectivo podría aumentar la demanda de dinero físico sin resolver la insuficiente disponibilidad de billetes que afecta al sistema financiero cubano desde hace varios años, una situación que diversos economistas relacionan con la crisis económica, la elevada inflación y las dificultades del Estado para sostener el circulante necesario.
