El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija emitió este lunes una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, tras su incomparecencia al juicio oral por los delitos de trata de personas y estupro.
El proceso judicial investiga el presunto abuso cometido contra una menor de 15 años durante su mandato, con quien Morales habría tenido una hija en 2016.
🇧🇴‼️ BOLIVIA EMITE ORDEN DE CAPTURA CONTRA EVO MORALES.
La justicia de Bolivia acaba de emitir orden de captura contra Evo Morales tras su juicio por trata de menores.
Ni Evo, ni sus abogados, se presentaron al juicio en el que se le acusa de abusar a una niña de 15 años cuando… pic.twitter.com/lrWjxQALA5
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 11, 2026
La audiencia inició a las 8:20 horas bajo estricta reserva judicial para proteger a la víctima. El exmandatario no se presentó al tribunal ni envió representación legal efectiva, lo que derivó en su declaratoria de rebeldía.
Morales permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba, donde seguidores mantienen barricadas para impedir el acceso policial.
La Fiscalía General presentó un expediente que contiene más de 170 pruebas de cargo. Entre los elementos probatorios destaca la partida de nacimiento de una niña registrada en Yacuiba, cuyos documentos vinculan directamente al exlíder cocalero.
La acusación sostiene que Morales utilizó su posición de poder para mantener la relación ilícita.
Junto al expresidente, la justicia procesa a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la joven afectada. La fiscalía señala a los progenitores de la víctima como coacusados por presunta complicidad.
Según las investigaciones, los padres habrían recibido favores políticos y beneficios económicos a cambio de permitir el contacto de Morales con la adolescente.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, ratificó la solidez del pliego acusatorio. La pena prevista para el delito de trata de personas con agravante, al tratarse de una menor de edad, oscila entre los 15 y 20 años de privación de libertad.
El Ministerio Público busca la sentencia máxima dada la gravedad de los hechos. La víctima, identificada como Cindy Saraí V.P., huyó de Bolivia junto a su hija y su madre tras denunciar hostigamiento y persecución.
En agosto de 2025, el grupo familiar obtuvo estatus de refugiadas en Argentina. Desde ese país, la joven espera la resolución de un caso que inició formalmente en septiembre de 2024.
Por su parte, la defensa de Morales, liderada por el abogado Nelson Cox, intentó frenar el inicio del juicio. Cox presentó recursos legales cuestionando las notificaciones por edictos de prensa.
El jurista argumentó irregularidades procesales, alegando que el tribunal conocía el domicilio legal del exmandatario para realizar citaciones personales.
El entorno de Morales califica el proceso como una persecución política. Sin embargo, la justicia ya había ordenado anteriormente el arraigo del acusado y la congelación de sus cuentas bancarias.
La anotación preventiva de sus bienes también permanece vigente como medida cautelar ante su negativa de comparecer ante los jueces.
Este proceso judicial marca un hito en la trayectoria del aliado de los regímenes de Cuba y Venezuela.
Morales, quien calificó recientemente a la Revolución cubana como un “ejemplo de democracia”, enfrenta ahora el rechazo de sectores sociales que exigen transparencia. Las críticas en redes sociales subrayan la contradicción entre su discurso y sus actos.
El alineamiento de Morales con figuras autoritarias como Nicolás Maduro y su respaldo a conflictos internacionales marcaron su perfil internacional. Hoy, esa influencia se ve mermada por un expediente criminal que lo sitúa como un prófugo de la ley boliviana. El sistema judicial busca ejecutar la detención en las próximas horas.
La Policía Boliviana confirmó que los anillos de seguridad en Lauca Ñ dificultan la aprehensión inmediata.
No obstante, las autoridades aseguran que el despliegue se realizará en el momento oportuno para garantizar el cumplimiento de la ley. La presión nacional e internacional aumenta sobre el bastión sindical donde se oculta.
El juicio continuará su curso pese a la ausencia del imputado. La resolución de este caso representa un desafío para la institucionalidad del país andino.
Mientras tanto, el expediente de 170 pruebas aguarda la sentencia definitiva en un tribunal que busca saldar una deuda histórica con la víctima.
