El camionero cubano Miguel Ibarguren, de 44 años, fue declarado culpable de asesinato por la muerte de su copiloto, Arístides García. El veredicto fue emitido por un jurado del condado de White, en Indiana, informó América TeVé.
Ambos hombres trabajaban para una empresa nacional de transporte con sede en Iowa, realizando rutas de larga distancia. El 3 de febrero de 2022, García fue reportado como desaparecido y cinco días después su cuerpo apareció en una zanja a lo largo de la carretera interestatal 65, en Indiana.
Tras el descubrimiento del cuerpo y confirmarse una situación de homicidio gracias a la autopsia realizada al cadáver, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva que llevó a la emisión de una orden de arresto contra Ibarguren el 13 de marzo de 2022.
Dos días después, el camionero fue localizado en Arlington, Texas, gracias a la colaboración de varias agencias policiales. Posteriormente, procedió su extradición a Indiana para el inicio del correspondiente proceso judicial.
La sentencia de Ibarguren está programada para el próximo mes. Durante esa audiencia, se espera que se den a conocer más detalles sobre el motivo del crimen y el castigo que enfrentará el acusado.
Las autoridades de indiana han agradecido a todos los organismos involucrados en la investigación por su arduo trabajo, que fue crucial para resolver el caso. Mientras tanto, la familia de la víctima sigue enfrentando el duelo por la trágica pérdida de García, quien era residente en Los Ángeles, California, y tenía 63 años al momento del perder la vida.
En un esfuerzo por cubrir los gastos funerarios de la víctima, su familia lanzó una campaña en GoFundMe. Yazmín Martínez, organizadora de la recaudación, escribió: “La familia García está pasando por un momento difícil y necesitamos tu ayuda para darle la despedida que se merece”.
La sentencia promedio por asesinato en Indiana es de unos 25 años de privación de la libertad. Los jueces solo pueden suspender la parte de la condena que supere el mínimo. Por ejemplo, si la condena es de 30 años, solo se pueden suspender 10 años, lo que deja un mínimo de 20 años.
En caso de apelaciones para exigir una sentencia de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional, el proceso se lleva directamente a la Corte Suprema de Indiana, donde finalmente se decidirá el destino del acusado.
