Los economistas Pedro Monreal y Mauricio de Miranda Parrondo advirtieron el jueves que las reformas aprobadas por la cúpula del Partido Comunista de Cuba (PCC) podrían abrir la puerta a que empresas y bienes públicos terminen en manos de funcionarios, familiares o empresarios vinculados con el régimen.
El riesgo, señalaron, aumenta por la ausencia de controles independientes, transparencia y seguridad jurídica en la Isla. Las críticas se conocieron después de que las autoridades anunciaran 176 medidas distribuidas en 23 ejes. Las propuestas recibieron el respaldo del Comité Central del PCC y de la Asamblea Nacional, dos organismos subordinados a la misma estructura política.
Entre los cambios figura la posibilidad de vender acciones de empresas estatales a ciudadanos, negocios privados, formas de gestión no estatal y otras entidades públicas. El paquete también habría sido aprobado por Raúl Castro.
Temen un “capitalismo de amiguetes” controlado por el PCC
Monreal llamó la atención sobre la medida número 17, dedicada a la venta de participaciones en compañías estatales. El economista relacionó la propuesta con el “capitalismo de amiguetes” que surgió tras la desaparición de la Unión Soviética.
1/2 En una rápida lectura de las 176 medidas, me encuentro con la #17 (vender acciones de empresas estatales a formas de gestión no estatales y personas) e inevitablemente pienso en el “capitalismo de amiguetes” de la transición rusa pic.twitter.com/Vo2dvryb3p
— Pedro Monreal (@pmmonreal) June 19, 2026
Durante aquellas privatizaciones, antiguos funcionarios y empresarios con contactos políticos obtuvieron el control de numerosos activos públicos.
Según el experto, Cuba podría repetir ese modelo si inicia las ventas sin tribunales independientes, licitaciones verificables ni mecanismos públicos para establecer el valor de cada propiedad.
De Miranda, por su parte, considera que la dirigencia intenta sustituir el socialismo burocrático por un “capitalismo autoritario patrimonial”. Este sistema permitiría cierta actividad privada, pero mantendría intacto el monopolio político del PCC.
Riesgo de una “Piñata Sandinista” en Cuba
El académico comparó el escenario con la “Piñata Sandinista” ocurrida en Nicaragua y con privatizaciones registradas en Rusia y Asia Central. En esos procesos, dirigentes y personas cercanas al poder adquirieron propiedades mientras amplios sectores sociales quedaron excluidos.
De Miranda reconoció que la destruida economía cubana necesitará vender parte de su patrimonio estatal. Sin embargo, sostuvo que esas operaciones requieren reglas claras, información sobre los compradores y condiciones iguales para todos los interesados.
También cuestionó qué impediría que hijos, nietos, sobrinos y allegados de altos cargos se conviertan en accionistas sin demostrar el origen de los fondos empleados.
Reformas económicas sin garantías democráticas
El paquete impulsado por Miguel Díaz-Canel incluye mayor autonomía empresarial, inversión extranjera en negocios privados, comercio exterior directo, nuevas entidades financieras y utilización de propiedades estatales ociosas.
Las autoridades también proponen flexibilizar las mipymes, entregar tierras, modificar subsidios, ampliar la generación solar, introducir pagos digitales y permitir una mayor participación de cubanos residentes fuera del país.
Monreal y De Miranda no se oponen a reformar la economía ni a vender determinados activos. Su advertencia se centra en la falta de instituciones capaces de impedir que el patrimonio público sea repartido entre una élite relacionada con el castrismo.
Sin separación de poderes, justicia independiente y una contraloría con autoridad real, las reformas podrían aumentar la desigualdad y convertir antiguos bienes estatales en fortunas privadas de los mismos grupos que han administrado el país durante décadas.
