La crisis del agua en Cuba afecta a cerca de 1.8 millones de personas, lo que equivale al 20% de la población, si se compara con la más reciente actualización de censo poblacional que publicó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Dicho conteo sitúa a la población cubana en solo 9.7 millones de habitantes.
La falta de mantenimiento, la escasez de materiales y los problemas en el sistema eléctrico han agravado la situación. Mientras tanto, el gobierno intenta desviar la atención culpando a presuntos “inescrupulosos” en redes sociales.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, admitió en entrevista con el diario oficialista Granma que la terminación de la conductora Marino-Palatino en la capital cubana se ha retrasado debido a la escasez de materiales esenciales, como el cemento. A pesar de la llegada de 14 equipos de bombeo a La Habana, la solución sigue siendo insuficiente, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a un servicio básico.
La infraestructura hídrica de la Isla se encuentra colapsada. El abastecimiento sigue dependiendo de una red deteriorada, con constantes averías y cortes de suministro que afectan a los hogares cubanos.
Las deficiencias en el drenaje urbano han cobrado vidas. Un menor falleció recientemente en una calle inundada al ser succionado por un tragante, hecho que las autoridades intentan minimizar. También se reportó un accidente en la Vía Blanca, ocasionado por el retiro de una tapa de alcantarilla, lo que evidencia la falta de supervisión y mantenimiento de la infraestructura vial.
El gobierno anunció un plan para sustituir 1.312 dispositivos de bombeo con equipos de energía solar, lo que beneficiaría a 800.000 personas. Sin embargo, esta medida solo cubre el 37.4% de los equipos instalados, dejando a la mayoría de la población sin una solución inmediata.
Hasta la fecha, solo 732 dispositivos han sido instalados, con 134 aún pendientes, lo que retrasa aún más la respuesta a la crisis. La inversión total de este proyecto asciende a 13.4 millones de dólares, pero su impacto sigue siendo marginal frente a la magnitud del problema.
Pese a que el gobierno cubano insiste en que su sistema de gestión hídrica es “avanzado”, ha tenido que recurrir a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para evaluar los recursos hídricos en La Habana, Artemisa y Mayabeque. Este hecho pone en evidencia la incapacidad del régimen para resolver la crisis sin apoyo externo.
El proyecto japonés busca mejorar la distribución del agua y capacitar a organismos cubanos en la gestión hídrica. Sin embargo, no soluciona el problema estructural de la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura.
Mientras el gobierno sigue buscando excusas, millones de cubanos continúan sin acceso a un recurso esencial, dependiendo de pipas y soluciones temporales que no resuelven la crisis de fondo.
