El Gobierno de Miguel Díaz-Canel y el Banco Nacional de Cuba (BNC) no respondieron a una propuesta de negociación enviada por CRF I Limited semanas antes de que un tribunal británico ordenara a la entidad cubana pagar £18.123.883,28, unos $24,4 millones.
La carta, fechada el 22 de junio de 2026, buscaba una salida negociada a la disputa por la deuda externa sin exigir desembolsos inmediatos de efectivo.
Documentos obtenidos por Telemundo 51 muestran que CRF dirigió la comunicación a Díaz-Canel casi un mes antes de la resolución de la Alta Corte de Justicia del Reino Unido, emitida el 20 de julio. El fondo planteaba reorganizar las obligaciones financieras pendientes y abrir conversaciones con las autoridades cubanas.
La carta enviada a Díaz-Canel antes del fallo
CRF propuso aprovechar las 176 medidas económicas anunciadas por La Habana el 18 de junio y ofreció mantener encuentros en Londres, París o Madrid. El objetivo, según la misiva, era alcanzar una solución “justa, respetuosa de la soberanía y creíble a nivel internacional”.
El presidente de CRF I Limited, David Charters, afirmó el 31 de julio que ni el Ejecutivo cubano ni el BNC contestaron la iniciativa. Telemundo 51 precisó, sin embargo, que no pudo comprobar de manera independiente que Díaz-Canel recibiera personalmente la carta. Las autoridades cubanas tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios del canal.
La falta de acuerdo precedió al nuevo golpe judicial. El tribunal fijó una indemnización de £18.123.883,28 dentro de un litigio relacionado con obligaciones que, incluidos los intereses acumulados, superaban los €72.122.664,70.
La resolución señala además que el BNC recibió el borrador de la solicitud judicial el 15 de julio y no presentó argumentos antes de que fuera dictada la orden. La institución obtuvo siete días para pedir una modificación o revocación.
Un litigio iniciado por deudas de los años 80
El conflicto procede de dos préstamos contratados por el BNC en 1982 y 1984. CRF adquirió posteriormente esos créditos en el mercado secundario y presentó su demanda en Londres en febrero de 2020.
Durante el proceso, Cuba sostuvo que funcionarios del BNC habían sido sobornados para facilitar la transferencia de la deuda a CRF. Los tribunales rechazaron ese argumento y la representación cubana terminó retirándolo en diciembre de 2022. En Cuba, varios funcionarios bancarios fueron condenados, entre ellos Raúl Olivera Lozano, quien recibió 13 años de prisión.
En abril de 2023, la jueza Sara Cockerill reconoció el derecho de CRF a reclamar al BNC. El Tribunal de Apelación ratificó esa posición por unanimidad en noviembre de 2024 y, el 31 de marzo de 2025, la Corte Suprema británica rechazó el último intento del banco por revertir el proceso.
El fallo de julio de 2026 llegó así después de varias derrotas judiciales y de una propuesta para retomar conversaciones que, según CRF, quedó sin respuesta por parte de La Habana.
