Las gestiones de la congresista demócrata Pramila Jayapal con representantes de otros gobiernos para buscar vías de envío de petróleo a Cuba podrían provocarle que sea sometida a la Ley Logan, una norma federal que prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar gestiones diplomáticas privadas con gobiernos extranjeros sin autorización oficial.
Jayapal, representante por el estado de Washington en la Cámara Baja, afirmó esta semana que sostuvo conversaciones con embajadores de México y “de otros lugares” para explorar cómo enviar combustible a Cuba, pese a las medidas de presión aplicadas por la administración de Donald Trump contra La Habana.
La congresista recordó que los envíos desde Venezuela, aliado histórico del régimen cubano, se detuvieron tras las operaciones estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. Asimismo, dijo que desde enero solo un petrolero ruso había llegado a Cuba, con una carga suficiente para cubrir entre 10 y 14 días de consumo.
El punto más sensible es que esas gestiones se habrían producido mientras Washington mantiene un conflicto diplomático abierto con La Habana y ha endurecido sus sanciones contra sectores estratégicos del régimen.
¿Qué dice la Ley Logan?
La Ley Logan establece que cualquier ciudadano estadounidense, dentro o fuera del país, que sin autorización mantenga correspondencia o trato con un gobierno extranjero con la intención de influir en su conducta respecto a disputas con Washington, o de frustrar medidas del gobierno estadounidense, puede ser sancionado penalmente.
La norma no castiga todas las comunicaciones con funcionarios extranjeros. Para que exista una posible violación, tendría que probarse la falta de autorización oficial, el contacto con un gobierno extranjero o sus agentes, y una intención específica de influir en una controversia con Estados Unidos o derrotar medidas de Washington.
En el caso de Jayapal, sus críticos podrían argumentar que la búsqueda de petróleo para Cuba, mediante contactos con embajadores extranjeros, entra en una zona legal delicada porque tendría como efecto neutralizar una política exterior activa de la Casa Blanca.
Sin embargo, una eventual investigación tendría que determinar si actuó sin autoridad legal y si sus conversaciones tuvieron carácter diplomático operativo, no solo político o legislativo.
Una ley vigente, pero casi nunca aplicada
La Ley Logan sigue vigente. La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia sostuvo en una opinión de 2020 que la norma era constitucional cuando fue aprobada y que continúa siendo válida y aplicable mientras el Congreso no la derogue.
No obstante, su aplicación práctica ha sido excepcional. La ley ha sido mencionada durante décadas en disputas políticas por contactos no autorizados con gobiernos extranjeros, pero rara vez ha llegado a procesos penales. Ese historial hace que cualquier intento de usarla contra una integrante del Congreso sea jurídicamente complejo y políticamente explosivo.
Jayapal y el congresista Jonathan Jackson ya habían defendido su viaje de abril a Cuba como una delegación congresional destinada a evaluar el impacto humanitario de la política estadounidense. En un comunicado oficial, ambos afirmaron que el bloqueo de combustible causaba sufrimiento a la población y pidieron negociaciones entre Washington y La Habana.
Las declaraciones de Jayapal han generado rechazo entre sectores que consideran que la congresista reproduce la narrativa del régimen cubano y omite la responsabilidad interna del gobierno comunista en el colapso económico de la isla.
Sus críticos señalan que la legisladora habló de crisis humanitaria, hospitales sin energía y escasez de combustible, pero evitó mencionar que el régimen mantiene más de 1.000 presos políticos, restringe libertades civiles y destina recursos a hoteles y aparatos represivos mientras la población enfrenta apagones y desabastecimiento.
