Abogados y expertos en inmigración recomendaron a los solicitantes de residencia permanente en Estados Unidos actuar con cautela y evitar decisiones precipitadas, tras el anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en país) sobre cambios en el proceso para obtener la Green Card.
La nueva política indica que los extranjeros que se encuentren temporalmente en EEUU y quieran obtener la green card deberán regresar a su país de origen para hacer el trámite consular, salvo en “circunstancias extraordinarias”.
La medida provocó preocupación inmediata entre inmigrantes, empleadores y abogados, debido a la falta de claridad sobre las excepciones y la forma en que será aplicada.
Durante más de medio siglo, personas con estatus legal han podido solicitar el ajuste de estatus sin salir del país. Ese mecanismo ha beneficiado a cónyuges de ciudadanos, titulares de visas de trabajo o de estudiante, refugiados, asilados y otros grupos con vías legales hacia la residencia permanente.
La abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd dijo a The Associated Press que todavía no existe una interpretación completamente clara y advirtió que la política tendrá un “efecto paralizante” sobre casos que estaban listos para avanzar. Su consejo inicial es esperar a que haya más orientación práctica antes de tomar decisiones apresuradas.
Ese llamado a la prudencia es compartido por otros expertos. La principal recomendación es no abandonar EEUU sin hablar antes con un abogado, especialmente si la persona tiene antecedentes de permanencia irregular, vencimiento de visa, empleo no autorizado, entrada bajo parole humanitario o cualquier situación que pueda activar castigos migratorios al salir del país.
El abogado Charles Kuck calificó la medida como una táctica para “limitar y asustar” a personas que intentan utilizar vías legales de inmigración. Según dijo, espera que se presenten acciones legales contra el cambio, lo que podría frenar o modificar su aplicación en los próximos meses.
Según el bufete Fragomen, la guía no elimina por completo el ajuste de estatus dentro de EEUU ni impide que USCIS apruebe solicitudes elegibles. Sin embargo, sí ordena aplicar con mayor rigor los factores discrecionales y podría exigir pruebas más sólidas para justificar que el solicitante merece una decisión favorable.
En la práctica, esto significa que los solicitantes deberán documentar mejor su historial migratorio, su estabilidad económica, sus vínculos familiares, su conducta legal y cualquier factor positivo que demuestre que no representan una carga pública ni un riesgo para el país. Fragomen advirtió que podrían aumentar los retrasos, las revisiones de supervisores y las solicitudes adicionales de evidencia.
Los abogados también aconsejan prestar especial atención a las entrevistas ya programadas. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración informó que algunos solicitantes comenzaron a recibir preguntas nuevas, entre ellas por qué pidieron ajustar estatus en EEUU y no desde una embajada en su país de origen. En otro caso, se solicitó evidencia financiera, como declaración de impuestos, carta laboral y estados bancarios.
Los grupos potencialmente más expuestos serían quienes permanecieron en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa, personas con historial de entradas temporales seguidas por solicitudes de residencia, ciertos beneficiarios de parole humanitario y solicitantes familiares con factores migratorios complicados.
Shev Dalal-Dheini, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que la aplicación será “caso por caso”, lo que dificulta ofrecer una orientación general válida para todos.
En cambio, algunos expertos consideran que los trabajadores con visas de empleo de “doble intención”, como H-1B o L, podrían quedar menos afectados. Kevin Miner, socio de Fragomen, dijo que esos casos probablemente continúen casi como hasta ahora, porque ese tipo de visas permite permanecer temporalmente en EEUU y, al mismo tiempo, buscar la residencia permanente.
Los refugiados también podrían estar fuera del impacto más severo de la medida, según organizaciones que trabajan con reasentamiento. Estos solicitantes deben pedir la Green Card un año después de llegar al país y no pueden regresar a sus países por los riesgos que enfrentan. Sin embargo, todavía se espera una aclaración oficial más detallada.
