La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos orales de dos casos clave relacionados con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que otorga a ciudadanos y empresas estadounidenses el derecho de demandar en tribunales de este país a aquellas compañías que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el régimen castrista.
Los casos de Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises y Exxon Mobil vs. Corporación Cimex llegaron al máximo tribunal de justicia, tras pasar por varias instancias judiciales inferiores, informó Martí Noticias.
Ambos se enmarcan en la mencionada normativa, que había sido suspendida anualmente desde 1996 hasta 2019, cuando la primera administración de Donald Trump decidió reactivarla.
Este título permite que los demandantes puedan demandar a empresas que, a su juicio, se benefician de propiedades expropiadas en Cuba sin compensación a los propietarios originales.
El litigio de Havana Docks Corporation contra las navieras Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises S.A., comenzó cuando estas compañías incluyeron a Cuba como destino de sus cruceros entre 2015 y 2019, utilizando la terminal de cruceros del Puerto de La Habana, una concesión otorgada previamente a Havana Docks.
En 2019, después de que el Título III fuera activado, Havana Docks demandó a las compañías por el uso de la propiedad confiscada, pero una corte de apelaciones anuló el fallo a favor de la corporación en 2024.
Las navieras argumentaron que la concesión original había expirado antes de la llegada de los cruceros. Nicolás “Nick” Gutiérrez, abogado y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba en el exilio, quien ha acompañado a los litigantes en este caso, rechaza esta idea, afirmando que la confiscación de la propiedad en los años 60 interrumpió cualquier derecho sobre la concesión original.
La demanda de Exxon Mobil contra la Corporación Cimex, una empresa militar cubana que opera bajo el conglomerado de GAESA, busca una compensación por la confiscación en 1960 de refinerías y estaciones de servicio en Cuba, propiedades que nunca fueron indemnizadas por el régimen.
La compañía alega que, bajo el Título III, tiene derecho a demandar a las empresas cubanas que actualmente operan y se benefician de esas propiedades. El principal debate legal en este caso es si CIMEX puede invocar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) para evitar la demanda.
Exxon defiende que el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobado por el Congreso, le otorga a las empresas estadounidenses la capacidad de demandar por las propiedades confiscadas, argumentando que la inmunidad soberana no debería aplicarse en este contexto.
La Administración Trump ha mostrado su apoyo a los demandantes, especialmente en el caso de Havana Docks. Un grupo de congresistas, tanto republicanos como demócratas, también presentó un escrito de apoyo, afirmando que las empresas estadounidenses tienen el derecho legítimo de presentar demandas federales por las propiedades confiscadas en la Isla.
“Esperamos que el fallo se ajuste a la interpretación amplia del Título III, como fue la intención del Congreso hace más de tres décadas”, comentó Gutiérrez, destacando que una interpretación extensiva de la ley busca disminuir los incentivos a la inversión extranjera que alimentan el régimen cubano.
Si la Corte Suprema falla a favor de Havana Docks y Exxon Mobil, esto podría abrir la puerta a una nueva ola de demandas contra el régimen cubano y contra las empresas extranjeras que operan o han explotado propiedades confiscadas en la Isla.
Esto tendría implicaciones económicas y políticas significativas, ya que podría aumentar la presión sobre las compañías internacionales que han establecido vínculos comerciales con Cuba.
