La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor de una demanda presentada por Exxon Mobil contra la corporación estatal cubana CIMEX, bajo el respaldo de la Ley Helms-Burton.
La decisión permite que continúe un proceso de reclamación de alrededor de 1.000 millones de dólares por propiedades confiscadas por el régimen del fallecido dictador Fidel Castro, informó Reuters.
Periódico Cubano confirmó que esta decisión podría facilitar nuevas reclamaciones de empresas estadounidenses por propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro después de la revolución de 1959.
En una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal determinó que las entidades controladas por el Estado cubano no pueden recurrir automáticamente al principio de inmunidad soberana para bloquear demandas presentadas bajo la Ley Helms-Burton.
La resolución revierte un fallo anterior de una corte federal de apelaciones y elimina uno de los principales obstáculos legales que enfrentaba ExxonMobil desde que presentó el litigio en 2019. El proceso regresará ahora a una instancia inferior para continuar con el análisis de la responsabilidad de CIMEX y de los posibles daños económicos.
El caso se relaciona con activos que pertenecían a Standard Oil, empresa antecesora de Exxon. Entre las propiedades expropiadas por el gobierno cubano en 1960 figuraban una refinería, terminales petroleras y más de un centenar de estaciones de servicio distribuidas por la Isla.
La compañía sostiene que esas instalaciones fueron confiscadas sin compensación y que CIMEX, junto con otras entidades estatales, continuó utilizando o beneficiándose de los bienes durante décadas. Exxon reclama una indemnización por pérdidas que, en el momento de la expropiación, ascendían a decenas de millones de dólares.
La demanda se fundamenta en el Título III de la citada normativa, aprobada en 1996, cuyo nombre oficial es Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba. Esta disposición autoriza a ciudadanos y empresas estadounidenses a demandar a personas o entidades que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida como Helms-Burton, codificó en una sola legislación las principales disposiciones del embargo estadounidense contra la Isla. También estableció condiciones para su eventual levantamiento y mecanismos para proteger reclamaciones de antiguos propietarios.
La aplicación del Título III permaneció suspendida durante más de dos décadas. Distintos presidentes estadounidenses evitaron activarlo por razones diplomáticas y ante las preocupaciones de gobiernos aliados cuyas empresas mantenían negocios en Cuba.
La suspensión terminó en 2019, durante la primera administración de Donald Trump. Esa decisión permitió la presentación de numerosas demandas contra compañías extranjeras y entidades cubanas acusadas de explotar inmuebles, terrenos, puertos y otras propiedades nacionalizadas sin indemnización.
El gobierno de Trump respaldó la posición de ExxonMobil ante la Corte Suprema. Su argumento central fue que la Helms-Burton permite superar las restricciones derivadas de la inmunidad soberana cuando una entidad estatal extranjera obtiene beneficios de bienes confiscados.
El fallo no concede todavía una compensación a Exxon ni determina definitivamente que CIMEX sea responsable. El tribunal inferior deberá examinar las pruebas, establecer si existió el denominado tráfico con las propiedades y, en caso afirmativo, calcular la cuantía de los daños.
La decisión podría tener consecuencias legales y diplomáticas más amplias. Otras compañías estadounidenses con reclamaciones certificadas podrían utilizar este precedente para intentar reactivar litigios contra empresas estatales cubanas y sociedades extranjeras vinculadas con bienes expropiados.
Para el régimen de La Habana, el pronunciamiento incrementa el riesgo de procesos judiciales y reclamaciones millonarias en Estados Unidos. También refuerza la presión sobre empresas que mantienen operaciones en Cuba utilizando propiedades cuya titularidad continúa siendo disputada por antiguos dueños.
