Corte Suprema de EEUU respalda el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

Tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, más de 200 venezolanos fueron deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. (Captura de pantalla © Secretaría de Prensa de El Salvador – YouTube)

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una apelación que permite la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración de Donald Trump, lo que otorga un poder más amplio para la deportación de migrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Según CNN, el máximo tribunal del país suspendió una orden previa que impedía al presidente invocar esta ley histórica, creada en 1798 y que autoriza deportaciones en tiempos de guerra o cuando un “enemigo” atenta contra el país.

La apelación fue presentada tras la controversia sobre una orden del juez federal de distrito James Boasberg, quien bloqueó la aplicación de la normativa en un caso relacionado con cinco migrantes venezolanos y otros inmigrantes potencialmente afectados.

La decisión, tomada sin una firma oficial, permite que el gobierno de Trump continúe con las deportaciones, aunque deberá garantizar que los migrantes afectados reciban una notificación adecuada de que están sujetos a la ley. Además, se les otorgará la oportunidad de apelar las deportaciones mediante demandas de hábeas corpus.

Las secretarias de Justicia, Pam Bondi; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificaron la medida como una “victoria histórica para el Estado de derecho”. Trump, por su parte, expresó su satisfacción a través de su cuenta de Truth Social, destacando que esta medida refuerza la seguridad en las fronteras del país.

Respecto a la votación, tres jueces progresistas de la Corte Suprema manifestaron su desacuerdo, subrayando que la aplicación de esta ley podría representar una amenaza para el Estado de derecho.

La jueza Sonia Sotomayor, en su disenso, advirtió que el proceder de la administración republicana refleja un ataque sin precedentes a las garantías legales de los inmigrantes, cuestionando la rapidez con la que se están llevando a cabo las deportaciones.

La magistrada Ketanji Brown Jackson también criticó la falta de un debate exhaustivo sobre el caso, lamentando que se haya fallado sin la oportunidad de presentar argumentos orales, lo que según ella socava la integridad del proceso judicial. Ambos disensos señalaron los riesgos inherentes a un sistema que prioriza la rapidez sobre el análisis detallado de cada situación.

La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por primera vez por Trump el pasado 15 de marzo, permite al presidente deportar a inmigrantes indocumentados cuando se considere que representan una amenaza para la seguridad nacional, como es el caso de los presuntos miembros de pandillas provenientes de Venezuela. Esta ley, aunque poco utilizada, otorga poderes extraordinarios en tiempos de conflicto.

En los últimos días, funcionarios del gobierno estadounidense deportaron a más de 200 venezolanos bajo esta normativa, enviándolos a El Salvador, donde están siendo retenidos en condiciones de máxima seguridad. Las autoridades estadounidenses alegan que muchos de estos deportados están vinculados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

La aplicación acelerada de esta ley ha generado preocupación entre los abogados de inmigrantes, quienes argumentan que las deportaciones rápidas no dejan tiempo suficiente para que los afectados puedan presentar apelaciones legales.

Un caso destacado fue el de Kilmar Armando Abrego García, un inmigrante de Maryland que fue deportado por error a El Salvador. Este incidente subraya los riesgos de aplicar una ley tan poderosa sin suficientes garantías legales para los migrantes.