La Corte Suprema de Estados Unidos solicitó a la administración del presidente Donald Trump facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado por error el 15 marzo a su país, donde actualmente se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Además, el máximo tribunal reconoció la urgencia del caso y solicitó una explicación sobre las acciones que se han tomado para el regreso del migrante. Asimismo, los magistrados pidieron un reporte respecto a la actual situación del migrante, informó AFP.
Ante esta petición, el gobierno republicano reconoció ante un tribunal que la expulsión del salvadoreño se debió a un “error administrativo”. Sin embargo, la administración de Trump afirmó que no puede enmendar el error porque Ábrego García ahora está bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El centroamericano, quien está casado con una ciudadana estadounidense, vivía en EEUU bajo estatus legal protegido desde 2019, luego de que un juez determinara que su deportación representaría un riesgo para su seguridad. Pese a ello, fue arrestado por agentes migratorios el 12 de marzo y expulsado tres días después junto a más de 200 personas.
El gobierno de Trump afirmó que la mayoría de los deportados eran integrantes de los grupos criminales Tren de Aragua y MS-13, las cuales han sido catalogadas como grupos terroristas por parte de Washington.
Al no existir pruebas de que Abrego García perteneciera a una de estas organizaciones criminales y alguna otra justificación para su expulsión, la jueza federal Paula Xinis pidió el retorno de Ábrego García antes de la medianoche del 7 de abril.
Tras esta petición, el gobierno de Trump alegó que el regreso implicaría complejas negociaciones internacionales y supondría una injerencia judicial en las prerrogativas del ejecutivo.
La situación llegó hasta la Corte Suprema, cuya primera acción fue suspender la solicitud de la jueza y solicitó a los abogados de Ábrego García que presentaran una respuesta por escrito. Ahora, en una decisión unánime, se ratificó la orden judicial que obliga al gobierno a “facilitar” el regreso y a tratar su situación como si nunca hubiera sido deportado.
El fallo incluyó una opinión separada de las tres juezas progresistas, encabezadas por Sonia Sotomayor, quienes consideraron que la apelación debía haberse rechazado completamente. Además, pidieron que se vigile el cumplimiento de la ley por parte del gobierno.
El abogado del migrante, Andrew Rossman, calificó el fallo como “una victoria para el Estado de derecho” y pidió al Departamento de Justicia que actúe sin dilación. En una carta dirigida al fiscal general, solicitó que el gobierno de EEUU gestione de forma urgente la liberación de su cliente del penal CECOT y facilite su repatriación inmediata, incluso mediante el envío de una aeronave si fuera necesario.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien visitó en marzo la prisión salvadoreña donde se encuentra detenido Ábrego, aseguró estar convencida de que “las personas que están allí deben permanecer encarceladas de por vida”.
La Casa Blanca reconoció haber pagado cerca de seis millones de dólares al gobierno salvadoreño para mantener detenidos a los migrantes expulsados. Según la portavoz Karoline Leavitt, esta cantidad representa un ahorro en comparación con el costo de mantener a estos individuos en cárceles estadounidenses de alta seguridad.
