El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este lunes cargos contra 48 extranjeros en Pensilvania, California, Florida, Nueva York y Nevada por los cargos de votación ilegal, registro fraudulento de votantes y delitos electorales conexos.
Según un comunicado, entre los arrestos se encuentran cuatro cubanos detenidos en Pensilvania y Florida. A continuación, se comparten detalles de sus detenciones.
Alfredo Santiesteban, de 73 años, descrito por las autoridades como inmigrante indocumentado, enfrenta un cargo por votar siendo extranjero. La Fiscalía sostiene que participó en las elecciones generales de 2024.
Osmal Loy, de 70 años y residente permanente legal, está acusado del mismo delito por presuntamente votar en esos comicios. Ambos casos corresponden al Distrito Este de Pensilvania. La Fiscalía precisó que Santiesteban y Loy podrían recibir, cada uno, hasta un año de prisión, una multa o ambas sanciones si resultan condenados.
En Florida, Jamie Orlando Sosa Sardina, de 60 años y residente permanente legal, enfrenta acusaciones por declarar falsamente que era ciudadano estadounidense y por votar ilegalmente. Según el DOJ, se habría registrado en 2022 y participado en las elecciones generales federales de ese año y de 2024.
Luis Manuel Pérez, de 72 años, residente permanente legal, está acusado de votar siendo extranjero. Las autoridades le atribuyen participación en las elecciones federales de 2022 y 2024. Su expediente, al igual que el de Sosa Sardina, corresponde al Distrito Medio de Florida.
La diferencia entre los cargos resulta decisiva. El artículo 611 del título 18 del Código de Estados Unidos sanciona el voto ilegal de extranjeros en elecciones que incluyen cargos federales con hasta un año de prisión. Tener residencia permanente no equivale a poseer ciudadanía ni concede autorización para votar por esos cargos.
En cambio, el artículo 1015(f) establece hasta cinco años por afirmar deliberadamente que se posee ciudadanía estadounidense para registrarse o votar. Esa disposición alcanza elecciones federales, estatales y locales. Por ello, la acusación de falsa ciudadanía contra Sosa Sardina puede implicar una exposición penal mayor que un cargo exclusivamente por votación ilegal.
Las multas también varían. La regla general federal permite imponer a personas físicas hasta 100.000 dólares por delitos menores de clase A, categoría correspondiente al voto ilegal previsto en el artículo 611. Para delitos graves, como determinadas declaraciones falsas de ciudadanía, el máximo general asciende a 250.000 dólares.
Otras infracciones electorales pueden conllevar hasta cinco años de prisión, entre ellas presentar registros fraudulentos, proporcionar ciertos datos falsos para acreditar elegibilidad, comprar votos o votar repetidamente en una misma elección. Haber participado en comicios de años distintos no constituye, por sí solo, este último delito.
Una conspiración para vulnerar derechos electorales protegidos puede castigarse con hasta diez años de cárcel. Sin embargo, el anuncio citado no atribuye ese cargo a estos cuatro cubanos. Tampoco corresponde sumar automáticamente los máximos de delitos diferentes para presentar una condena total que ningún tribunal ha impuesto.
