
El gobierno cubano aceptó la ayuda humanitaria de tres millones de dólares ofrecida por la administración de Donald Trump ante el impacto del huracán Melissa, pero con ciertas condiciones que dejan en duda la distribución transparente de este apoyo a los damnificados en el oriente de la Isla.
Las autoridades comunistas supervisarán la entrega de la ayuda canalizada a través de la Iglesia Católica, lo que ha generado desconfianza tanto dentro como fuera de la nación antillana. A pesar de que el régimen agradeció el gesto y aseguró que la distribución sería rápida y eficiente, la insistencia en coordinarla despierta preocupación sobre la transparencia en el manejo de estos recursos.
Según un comunicado emitido por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), la ayuda provendrá del Servicio Católico de Ayuda de Estados Unidos (CRS) y de la Arquidiócesis de Miami.
El régimen cubano destacó que cuenta con “una experiencia positiva de años de cooperación vinculada a la labor humanitaria de la Iglesia Católica”, pero subrayó que siempre bajo el control del Estado. Este control, sin embargo, genera dudas, pues en emergencias pasadas la distribución de ayudas internacionales estuvo marcada por la opacidad, el desvío de recursos y la falta de rendición de cuentas.
Los donativos a menudo fueron filtrados a través de estructuras estatales y del Partido Comunista de Cuba, sin llegar de manera directa a las comunidades afectadas.
Los obispos de la Isla, en colaboración con Cáritas Cuba, han estado en conversaciones con todas las partes involucradas para concretar la entrega. En un mensaje reciente, los religiosos reconocieron la “situación catastrófica” que atraviesan las comunidades del oriente cubano, y destacaron la importancia de la solidaridad internacional.
Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que los fondos serán destinados a los sectores más golpeados por el huracán, y precisó que la asistencia está “dirigida al pueblo cubano, no al régimen”.
Este ofrecimiento de ayuda humanitaria fue inicialmente anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien expresó la disposición de Washington para ayudar de manera inmediata a los afectados por el desastre natural.
La propuesta generó reacciones encontradas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). Mientras que el viceministro Carlos F. de Cossío aseguró que el régimen cubano estaba en contacto con el Departamento de Estado, otros funcionarios, como el embajador Juan Antonio Fernández Palacios, adoptaron una postura más hostil, rechazando cualquier “limosna ni condicionamientos”.
Además de la ayuda estadounidense, otros países y organizaciones internacionales también han ofrecido su asistencia a Cuba. La Cruz Roja de China envió mil kits familiares con artículos de emergencia, y la ONU liberó cuatro millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para la emergencia.
Noruega ha contribuido con 400.000 dólares. No obstante, la falta de transparencia en la gestión de estos recursos sigue siendo una preocupación. Al igual que en desastres pasados, no existen mecanismos claros de fiscalización o supervisión independiente sobre el uso de estos fondos, lo que incrementa la desconfianza entre los ciudadanos y observadores internacionales.