
El Parlamento cubano aprobó la nueva Ley del Registro Civil que, según el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, es “un paso importante en la modernización del sistema legal del país”.
La nueva normativa presenta modificaciones para actualizar el régimen jurídico relacionado con la identificación y certificación de hechos y actos que afectan el estado civil de las personas, como nacimientos, matrimonios, defunciones y cambios de identidad.
A partir de ahora, el Ministerio de Justicia (Minjus) será el encargado de dirigir el sistema, que contará con una base de datos digital centralizada. Además, se sustituirá progresivamente el soporte en papel por un formato electrónico.
También se creará un folio único por persona, que concentrará todos los actos registrales de forma cronológica, facilitando la consulta y actualización de los mismos.
La nueva Ley del Registro Civil incluye avances digitales significativos, como la implementación de herramientas como SIREC y la plataforma Bienestar. Estas permitirán la solicitud y verificación digital de certificaciones, lo que agilizará los trámites y reducirá la carga administrativa. Asimismo, se facilitará la rectificación y subsanación de errores mediante canales digitales, mejorando la eficiencia del sistema.

La nueva Ley del Registro Civil en Cuba introduce un Registro Único de Población que centraliza y digitaliza todos los datos personales de los ciudadanos, así como los trámites civiles a lo largo de su vida. Este sistema tiene como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, permitiendo una gestión más ágil de los documentos oficiales y un acceso más rápido a los servicios relacionados con el estado civil. Cada persona contará con un folio único, que reunirá todos los registros y actos civiles de manera cronológica.
Aunque el sistema promete agilizar los trámites, también plantea preocupaciones sobre la privacidad. Al digitalizarse y centralizarse toda la información personal, aumentan los riesgos de accesos no autorizados, hackeos o filtraciones de datos sensibles. Aunque la ley contempla la protección de datos personales bajo la Ley de Protección de Datos Personales, el control estatal sobre la información plantea interrogantes sobre el uso y manejo de estos datos.
Otra de las innovaciones de la ley es la eliminación de los testigos instrumentales en los actos matrimoniales, lo que simplifica el proceso. Además, la nueva legislación reconoce actos que no estaban vinculados tradicionalmente con el estado civil, como los pactos de convivencia y los apoyos moderados e intensos.
También se ha legislado sobre la libre elección del nombre propio y se han incluido medidas para garantizar los derechos de las personas intersexuales, así como el cambio de apellidos o de género.

La ley pone especial énfasis en la igualdad jurídica de todas las personas, sin distinción de género ni de situaciones de vulnerabilidad. Se incorpora la perspectiva de género y se refuerzan los derechos de los niños y adolescentes, reconociendo su autonomía progresiva. Además, se establece un sistema de protección de los datos personales de los ciudadanos, un aspecto fundamental en un contexto de creciente digitalización.
El proyecto fue el resultado de un proceso de consulta con juristas, académicos y autoridades del sistema de justicia. A lo largo de este proceso, se recibieron más de 300 opiniones, de las cuales se aceptaron la gran mayoría. Este esfuerzo colaborativo ha permitido crear una ley moderna que no se había actualizado de forma integral en décadas.

