El régimen cubano liberó este viernes a tres ciudadanas panameñas detenidas en La Habana desde finales de febrero, acusadas de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
La medida se produjo tras gestiones diplomáticas del gobierno istmeño y fue presentada por La Habana como un “gesto de humanidad y amistad”.
Las liberadas fueron identificadas como Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño. Ellas formaban parte de un grupo de diez ciudadanos panameños arrestados el 28 de febrero, luego de ser señalados por las autoridades cubanas de confeccionar letreros considerados “subversivos” y contrarios al sistema político impuesto en la Isla.
La Cancillería panameña indicó que la decisión tuvo en cuenta la colaboración de las detenidas durante el proceso. Según el comunicado, se aplicaron figuras jurídicas como la de “colaborador eficaz” y el “criterio de oportunidad”, aunque no se precisó si las tres mujeres enfrentarán algún procedimiento judicial en Panamá.
El anuncio deja abiertas varias interrogantes sobre el alcance real del acuerdo. Ni el gobierno panameño ni las autoridades cubanas explicaron si la liberación implica el cierre definitivo del caso o si las mujeres quedarán sujetas a nuevas medidas legales fuera de Cuba.
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El caso había generado atención diplomática desde marzo, cuando el Ministerio del Interior de Cuba informó sobre el arresto de los diez panameños. Según esa versión oficial, los detenidos habrían ingresado al país para pintar mensajes contra el régimen en calles de La Habana.
Entre las frases atribuidas al grupo figuraban mensajes como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y referencias de confianza hacia Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer. Para las autoridades cubanas, esas acciones constituyeron hechos de propaganda contra el orden constitucional.
El régimen sostuvo que los implicados tenían previsto regresar a Panamá después de cumplir esa tarea y que recibirían pagos de entre 1.000 y 1.500 dólares por persona. También aseguró que los detenidos reconocieron su participación en los hechos ocurridos durante la madrugada del 28 de febrero.
La legislación cubana contempla penas de hasta ocho años de cárcel por delitos contra el orden constitucional. En un país donde la disidencia política suele ser criminalizada, este tipo de acusaciones refuerza el uso del sistema penal como herramienta de control frente a expresiones públicas de rechazo al poder.
La liberación ocurre un mes después de la visita a Cuba del canciller panameño Javier Martínez-Acha, quien se reunió con Miguel Díaz-Canel y con Bruno Rodríguez. Durante ese viaje, el diplomático conversó durante más de una hora con los diez detenidos y afirmó que recibían asistencia legal y trato humanitario.
El gobierno de José Raúl Mulino aseguró que mantiene gestiones para lograr la liberación de los otros siete panameños que continúan presos en Cuba. Desde el inicio del caso, Panamá dijo haber activado canales diplomáticos para garantizar la integridad física, la defensa jurídica y la asistencia consular de sus ciudadanos.
