
El gobierno cubano aprobó nuevos beneficios fiscales para las empresas estatales y privadas que destinen recursos a proyectos sociales, según una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios publicada este lunes en la Gaceta Oficial.
La Resolución 208/2026 establece reducciones en el pago de impuestos para los actores económicos que financien obras de construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, entre otras infraestructuras de carácter social.
De acuerdo con la normativa, las empresas que realicen estas inversiones podrán descontar de los impuestos sobre Utilidades o sobre Ingresos Personales, según corresponda, una cantidad equivalente al 20 % del monto invertido. Esta deducción podrá aplicarse durante un período de hasta cinco años.
La disposición también contempla incentivos para quienes realicen donaciones en efectivo o en especie a instituciones estatales dedicadas a actividades sociales. En estos casos, los contribuyentes recibirán una reducción equivalente al 10 % del valor de la donación en el pago de los impuestos correspondientes.
Para acceder a estas bonificaciones, los beneficiarios deberán presentar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) los documentos que acrediten el costo de las inversiones o el valor de las donaciones, además de la conformidad de la institución estatal que recibió los recursos.
Los descuentos se harán efectivos durante la liquidación anual de los impuestos, una vez concluido el ejercicio fiscal. La resolución incluye además beneficios para las empresas y otros actores económicos cuya actividad principal esté vinculada a la prestación de servicios sociales.
Esas entidades podrán solicitar una reducción de la tasa del Impuesto sobre Utilidades o una bonificación del Impuesto sobre Ingresos Personales durante sus primeros cinco años de funcionamiento.
También tendrán la posibilidad de solicitar la exención del impuesto aduanero por la importación de equipos y tecnologías necesarios para prestar esos servicios, siempre que al menos el 50 % de sus ingresos brutos proceda de actividades sociales.
Sin embargo, estas ventajas no se concederán automáticamente. Los interesados deberán presentar una solicitud ante el Ministerio de Finanzas y Precios y esperar la autorización correspondiente.
La normativa establece que el propio Ministerio, en coordinación con la Administración Tributaria, será responsable de supervisar la aplicación de estos beneficios y evaluar sus resultados.
La resolución fue firmada por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, el 25 de septiembre de 2026, y entró en vigor con su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, fechada el 16 de noviembre.