El pasado 8 de abril, la Gaceta Oficial de Cuba publicó el Decreto 127, una normativa que promete transformar las más de 2.600 unidades presupuestadas del país. El gobierno lo presenta como un ejercicio de eficiencia. Pero cuando se lee entre líneas la pregunta incómoda se impone: ¿hacia dónde va realmente todo esto?
Empecemos por lo que el régimen admite abiertamente. El 50% de los trabajadores del sector estatal cubano, unas 500.000 personas entre maestros, médicos, enfermeras y personal de apoyo, trabaja en unidades presupuestadas. Esas entidades consumen el 70% del presupuesto del Estado. Y el Estado, como también reconocen, arrastra un déficit fiscal insostenible.
La ecuación es simple: hay que gastar menos en lo que más cuesta. Lo que no dicen con tanta claridad es a costa de quién.
La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, se apresuró a desmentir lo que ella misma llamó “matrices de opinión” que circulan entre la población. Aseguró que las unidades presupuestadas no van a desaparecer y que la salud y la educación no pasarán al sector privado. Citó incluso el artículo 25 de la Constitución. Pero el problema con los desmentidos del gobierno cubano es que suelen llegar exactamente cuando el rumor tiene fundamento.
Qué establece realmente el Decreto 127
Lo que sí establece esta normativa es un camino gradual y muy concreto hacia la mercantilización de los servicios públicos. Las unidades presupuestadas que logren cubrir más del 30% de sus gastos con ingresos propios pasan a la categoría de “tratamiento especial”.
Las que cubran el 100% obtienen algo inédito: autonomía total para fijar salarios, crear reservas financieras e incluso distribuir utilidades entre sus trabajadores, exactamente como una empresa. Y el propio gobierno confirma que varias de estas unidades ya se han convertido formalmente en empresas, como las de servicios comunales en La Habana.
¿Cómo se llama cuando una entidad pública empieza a generar sus propios ingresos, fija sus propios salarios, reparte utilidades y opera con lógica de mercado? En cualquier otro país del mundo podría llamarse privatización gradual. En Cuba lo llaman “perfeccionamiento”.
Por qué el régimen cubano necesita esta reforma ahora
El académico Rafael Montejo, invitado al programa oficial Cuadrando la Caja para explicar la reforma, dejó escapar una verdad reveladora: en el resto del mundo, muchos de estos servicios (salud, educación) son mixtos o directamente privados.
Lo dijo como contexto comparativo, pero la dirección del viaje quedó clara. El propio Montejo mencionó que se discute abiertamente reducir la cantidad de ministerios, algo que no ocurría desde el Período Especial de los años 90, cuando la crisis obligó a desmantelar buena parte del aparato estatal.
Otro dato que el gobierno desliza sin medir sus implicaciones: la población cubana está envejeciendo y disminuyendo. Cada vez menos personas en edad laboral deben sostener un aparato burocrático diseñado para otra época.
La solución que proponen es la “transformación digital”, es decir, que la tecnología sustituya puestos de trabajo. En un país con apagones diarios, hablar de transformación digital suena menos a plan y más a eufemismo para recortes masivos.
¿Privatización encubierta o reforma necesaria? Lo que nadie dice en Cuba
Lo más preocupante no es lo que dice el decreto, sino lo que revela sobre la estrategia: crear una transición tan lenta y envuelta en lenguaje burocrático que cuando la gente quiera reaccionar, el cambio ya se haya consumado. Hoy son los servicios comunales. Mañana pueden ser los policlínicos operando como empresa, cobrando por consultas que antes eran gratuitas.
Cuba no va a anunciar un día que privatizó la salud y la educación. Ningún gobierno lo hace así. Lo que hace es crear las condiciones legales, fiscales y organizativas para que eso ocurra paso a paso, decreto a decreto, bajo nombres que nadie entiende.
El Decreto 127 no es el final de las conquistas sociales cubanas. Pero bien podría ser el principio del fin.
