Angela Liriano, una cubana de 93 años residente en el sur de Florida, denunció que le vaciaron su tarjeta de food stamps del programa SNAP, mejor conocida como bonos de comida, una ayuda que entrega el gobierno de Estados Unidos.
En entrevista con la cadena CBS Miami, la migrante cubana descubrió que no tenía saldos cuando intentó pagar alimentos en un supermercado.
El caso, investigado por autoridades del condado de Broward, expone cómo opera un esquema de fraude que afecta a beneficiarios vulnerables y reabre el debate sobre la fragilidad del sistema de asistencia alimentaria en Estados Unidos.
El testimonio de la anciana puso rostro humano a un delito que suele conocerse solo por cifras. Para Liriano, la pérdida del dinero destinado a su alimentación significó una emergencia inmediata.
Su experiencia también evidencia el impacto que este tipo de robo tiene sobre adultos mayores que dependen casi por completo de esa ayuda pública para cubrir necesidades básicas.
La pesquisa apunta a una operación organizada que habría funcionado durante meses sin ser detectada. La principal sospechosa es Tamica Brown, de 43 años, arrestada el 7 de abril de 2026. Permanece bajo custodia con una fianza de 300 mil dólares mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.
El esquema detrás del robo de beneficios
Según las autoridades, la acusada habría obtenido de manera ilegal datos de tarjetas EBT, incluidos números, códigos PIN y balances disponibles.
Entre los métodos bajo sospecha figuran la clonación, el uso de dispositivos de skimming y posibles filtraciones de información. Con esos datos, los implicados podían acceder a fondos públicos destinados a la compra de alimentos.
Una vez obtenida la información, la red realizaba compras en comercios de productos de alta demanda y fácil reventa, como alimentos envasados, bebidas no alcohólicas y otros artículos de consumo rápido.
Después, la mercancía era colocada en el mercado informal, convirtiendo el robo de beneficios sociales en una actividad con fines de lucro. Las autoridades creen que Brown no actuaba sola.
Más de 30 víctimas y pérdidas millonarias
Las pérdidas confirmadas ya superan los 120 mil dólares, aunque cálculos preliminares elevan la cifra hasta 300 mil. Más de 30 víctimas han sido identificadas formalmente, pero el número real de afectados podría acercarse a 200. Ese dato refuerza la hipótesis de un patrón sistemático dirigido contra personas que reciben asistencia nutricional del gobierno.
El perfil de los perjudicados agrava la dimensión del caso. Entre ellos figuran adultos mayores, madres solteras y familias de bajos recursos.
Para esos sectores, el SNAP no representa un ingreso complementario, sino un recurso esencial para sobrevivir. Cuando los fondos desaparecen, la consecuencia inmediata es la falta de alimentos en el hogar.
Fallas del sistema EBT bajo escrutinio
A la sustracción inicial se suma la lentitud para recuperar el dinero. Las víctimas deben completar reportes, verificaciones de identidad y revisiones de transacciones que pueden tardar semanas.
Durante ese tiempo, muchas dependen de ayuda comunitaria o de redes familiares. En personas mayores o con poca alfabetización digital, detectar el fraude a tiempo resulta todavía más difícil.
