Una cubana de 57 años, identificada como Tania Rosa Rodríguez, fue declarada culpable de haber obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense en 2018. La mujer ocultó durante su proceso de naturalización su participación en una conspiración de fraude sanitario millonario.
Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), revisado por Periódico Cubano, un jurado federal en el sur de Florida emitió la condena y ahora la procesada podría enfrentar una sentencia de hasta 10 años de prisión.
Los registros judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio indican que Rodríguez solicitó la naturalización en 2017 y obtuvo la ciudadanía estadounidense al año siguiente. En los documentos entregados a las autoridades migratorias declaró que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestada.
Sin embargo, los fiscales sostuvieron que, en el momento de presentar esa solicitud, ella ya participaba en una conspiración para defraudar al sistema de salud. La actividad criminal había comenzado antes de que iniciara su proceso de naturalización y continuó después de recibir la ciudadanía.
La investigación determinó que Rodríguez estuvo involucrada en una conspiración que se extendió durante siete años y generó aproximadamente 4.6 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de atención médica. Posteriormente, fue condenada en un tribunal federal por su participación en ese esquema.
Durante el proceso más reciente, la fiscalía presentó pruebas para demostrar que la mujer ocultó deliberadamente esa conducta cuando respondió a las preguntas incluidas en su solicitud de ciudadanía. El jurado consideró acreditado que esa omisión fue intencional y la declaró culpable de un cargo de obtención ilegal de ciudadanía o naturalización.
“La ciudadanía estadounidense no puede obtenerse legalmente mediante fraude y ocultamiento”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.
La sentencia todavía no ha sido fijada. Un juez federal deberá determinarla después de revisar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación federal. El delito por el que fue declarada culpable contempla una pena máxima de 10 años de prisión.
El anuncio de la condena fue realizado conjuntamente por Reding Quiñones y José R. Figueroa, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocida por sus siglas en inglés como HSI, en Miami.
El Departamento de Seguridad Nacional mantiene la investigación del caso. La acusación está siendo dirigida por el fiscal adjunto especial Jeffrey Pierce y el fiscal adjunto Jackson Dering, según la información divulgada por las autoridades.
El procesamiento corresponde a la Sección de Control de Delitos Fronterizos y de Inmigración (BICE, por sus siglas en inglés), una unidad creada en noviembre de 2025 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Más de 120 demandas civiles para retirar la ciudadanía
El DOJ ha presentado 123 demandas civiles para retirar la ciudadanía desde el 20 de enero de 2025, en una ofensiva que también incluye a varios cubanos naturalizados. Las autoridades alegan que los afectados ocultaron delitos, proporcionaron información falsa o incumplieron requisitos legales durante sus procesos migratorios.
La cifra supone un fuerte incremento frente a décadas anteriores. Entre 1990 y 2017, el gobierno federal impulsó 305 procedimientos de desnaturalización, un promedio de aproximadamente 11 por año.
Todd Blanche, fiscal general en funciones, calificó la iniciativa como el mayor esfuerzo coordinado de desnaturalización en la historia del DOJ y advirtió que las acciones continuarán.
El referido departamento sostiene que la ciudadanía debe obtenerse de manera legal y que perseguirá los casos en los que existan presuntas irregularidades durante la naturalización.
