El Gobierno de los Estados Unidos presentó una demanda civil para despojar de la ciudadanía a Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana de 40 años residente en Miami acusada de fraude.
Las autoridades federales la acusan de ocultar su participación en una operación de lavado de dinero cuando solicitó la naturalización en 2015. El caso será decidido por un juez del Distrito Sur de Florida.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Acosta Torres obtuvo la ciudadanía estadounidense mientras estaba activa una conspiración vinculada con el robo de unos 5,3 millones de dólares al Miccosukee Resort & Gaming, en Miami-Dade. La trama funcionó entre enero de 2011 y octubre de 2018, según los documentos judiciales.
La agencia sostiene que la mujer mintió en el Formulario N-400 y durante una entrevista bajo juramento. En ambos procedimientos negó haber cometido o ayudado a ejecutar delitos por los cuales no había sido detenida.
Fraude mediante máquinas tragamonedas en Miami-Dade
La investigación señala que empleados del casino y personas externas manipulaban máquinas tragamonedas para crear comprobantes de crédito falsos. Después, los documentos eran presentados como premios legítimos y canjeados por efectivo.
Johander Jorrin Melhen, esposo de Acosta Torres y trabajador del establecimiento, figuró entre los implicados. Los fiscales aseguran que aprovechaba su acceso a los sistemas para generar créditos inexistentes.
La participación atribuida a la cubana se concentró en el movimiento y ocultamiento de las ganancias. Para ello, abrió y utilizó cuentas en JPMorgan Chase y Bank of America.
Las operaciones incluían depósitos fraccionados, casi siempre inferiores a 10.000 dólares. La fiscalía considera que esa práctica buscaba eludir los mecanismos de vigilancia de las instituciones financieras.
Acosta Torres ingresó cerca de 39.863 dólares en una cuenta y 16.830 dólares en otra. Cuando aceptó su responsabilidad penal, reconoció haber colaborado en el lavado de al menos 147.970 dólares.
Vivienda, vehículos y planes universitarios
Parte de los fondos terminó en la compra de una casa en Miami, tres automóviles y planes universitarios prepagados para los hijos de la pareja. El Gobierno asegura que la acusada conocía la procedencia ilegal del dinero.
Los cargos penales fueron presentados en julio de 2019. Acosta Torres se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero el 30 de enero de 2020.
La sentencia incluyó seis meses de prisión, 36 meses de libertad supervisada y el pago de 147.970 dólares en restitución. Sin embargo, esa condena no produjo la pérdida automática de su nacionalidad estadounidense.
Ciudadanía sigue vigente mientras avanza el proceso
Para anular la naturalización, los abogados federales deberán probar que Acosta Torres ofreció información falsa de forma deliberada y que sus respuestas influyeron en la decisión migratoria. También alegan que no cumplía el requisito de buena conducta moral.
La mujer conserva por ahora todos sus derechos como ciudadana. Puede responder a la demanda, presentar pruebas y cuestionar cuándo comenzó su intervención en el esquema.
Una sentencia adversa la obligaría a entregar, en un plazo de diez días, su certificado de naturalización, el pasaporte y otros documentos. Aun así, no sería deportada de inmediato.
Cualquier intento de expulsarla requeriría un proceso separado ante un juez de inmigración. En esa instancia podría presentar defensas o solicitar algún beneficio migratorio disponible.
