El cubano Roberto Mosquera del Peral lleva más de un año recluido en una prisión de máxima seguridad de Esuatini, en África austral, después de ser deportado desde Estados Unidos a un país con el que no tenía vínculos, informó The New York Times.
Hasta ahora no enfrenta cargos penales allí y tampoco existe una fecha conocida para su liberación, una situación denunciada por sus abogados y organizaciones de derechos humanos.
Mosquera, de 58 años, fue enviado a Esuatini junto con otros cuatro migrantes el 16 de julio de 2025, dentro de la política de la administración de Donald Trump de deportar extranjeros a terceros países cuando no pueden ser retornados a sus naciones de origen. El pasado 16 de julio se cumplió un año de su llegada al complejo penitenciario Matsapha, donde continúa detenido.
El antillano había llegado a EEUU cuando tenía 12 años y posteriormente desarrolló gran parte de su vida en Florida. En su juventud acumuló antecedentes criminales, entre ellos una condena por intento de asesinato, además de otros delitos. Sus abogados sostienen que cumplió las penas correspondientes y que durante años había reconstruido su vida, trabajado y formado una familia.
Más de un año detenido sin nuevos cargos
La detención en Esuatini comenzó después de que autoridades migratorias estadounidenses lo arrestaran en 2025. Mosquera esperaba inicialmente ser enviado a Cuba, pero terminó trasladado al continente africano junto con ciudadanos de otros países. Washington sostuvo posteriormente que La Habana no había aceptado recibirlo.
Desde entonces permanece en Matsapha Correctional Complex. Amnistía Internacional denunció que los primeros deportados fueron mantenidos bajo custodia sin que las autoridades de Esuatini explicaran adecuadamente la base jurídica de su encarcelamiento y con fuertes obstáculos para mantener reuniones confidenciales con sus abogados.
Su contacto con familiares ha sido limitado. Personas cercanas a Mosquera han expresado preocupación por su deterioro físico y psicológico. En octubre de 2025 inició incluso una huelga de hambre para denunciar su situación. Su abogada, Alma David, afirmó entonces que permanecía detenido arbitrariamente y reclamó atención médica y acceso legal.
Acuerdo de EEUU con Esuatini sigue ampliándose para la deportación de migrantes
La deportación formó parte de un acuerdo mediante el cual EEUU entregó 5.1 millones de dólares a Esuatini para fortalecer su capacidad de gestión fronteriza y migratoria. El convenio contemplaba que la nación africana pudiera recibir hasta 160 deportados procedentes de terceros países.
Lejos de terminar, el programa se ha ampliado. Amnistía Internacional informó en julio que al menos 25 personas adicionales habían sido trasladadas desde EEUU a Esuatini después del primer grupo, elevando a por lo menos 30 el número reportado de deportados bajo este mecanismo.
Reuters informó el 9 de julio que, de 29 personas enviadas hasta entonces, únicamente dos habían sido liberadas y repatriadas: una a Jamaica y otra a Camboya. Los demás continuaban enfrentando distintos grados de incertidumbre sobre su permanencia y eventual traslado a otro país.
Cubanos enviados a la República Centroafricana
Cubanos fueron deportados recientemente por Estados Unidos hacia Bangui, capital de la República Centroafricana. Entre los trasladados figuran Yasmani Noel Moreno de Armas y Arístides Fernández García, quienes ofrecieron detalles sobre el procedimiento seguido por las autoridades estadounidenses tras su llegada al continente africano.
De acuerdo con sus declaraciones, los migrantes viajaron bajo custodia y permanecieron esposados durante el traslado. El avión hizo varias escalas en territorio africano antes de aterrizar en Bangui. Moreno de Armas afirmó que, al comienzo del proceso, creyó que sería enviado de regreso a Cuba y que durante buena parte del trayecto no recibió información precisa sobre el país al que sería llevado.
Una vez en la capital centroafricana, algunos de los deportados fueron hospedados en el hotel Maison Confort, situado en el barrio de Lakouanga. Testimonios recopilados por El País señalan que enfrentaron limitaciones para salir del establecimiento, problemas para comunicarse con el exterior y una marcada incertidumbre sobre su situación legal y las opciones migratorias que tendrán en la República Centroafricana.
