Eulalio Orama, un cubano residente en Estados Unidos desde hace aproximadamente una década, fue detenido ayer miércoles en el Aeropuerto Internacional de Miami tras hacer una supuesta broma que generó preocupación entre los agentes de seguridad de la terminal.
Mientras respondía a una pregunta sobre si llevaba baterías de litio en su equipaje de mano, el hombre con un tono jocoso mencionó la palabra “bomba” en español. Esto ocurrió en la terminal norte de la sala D para el abordaje de un vuelo de American Airlines.
Instantes después del comentario, los agentes detuvieron a Orama y lo trasladaron a una sala de entrevistas. Según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el hombre, residente de Houston, explicó que había dicho en broma: “Una bomba no cabe dentro de la bolsa”.
Sin embargo, el tono de su comentario, en un entorno tan sensible, fue suficiente para que las autoridades lo consideraran una amenaza. Previo al incidente, el cubano había mostrado su molestia cuando le pidieron que documentara su equipaje de mano debido a la falta de espacio en el compartimento superior del avión.
A pesar de las explicaciones de Orama, la seriedad de la amenaza fue suficiente para que el Departamento Correccional de Miami-Dade procediera con su arresto poco antes de las 8:05 p. m. en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.
Orama enfrentó un cargo de delito grave de segundo grado por hacer un informe falso sobre la colocación de una bomba, explosivo o arma de destrucción masiva en propiedad estatal, o por cometer un incendio contra dicha propiedad.
El juez de circuito del condado de Miami-Dade, David Young, fue asignado para presidir el caso del sujeto, quien deberá responder por las consecuencias de su comentario en un entorno de alta seguridad, donde las amenazas no se toman a la ligera.
En Florida, los informes falsos de amenazas, como la colocación de bombas, contra propiedades, implica graves consecuencias legales. Las sanciones incluyen hasta 15 años de cárcel en una prisión estatal, una multa de hasta 10.000 USD y hasta 15 años de libertad condicional.
Además, el estatuto en cuestión prohíbe la suspensión o aplazamiento de la condena, lo que significa que la condena será permanente y no podrá ser eliminada mediante los mecanismos de “adjudicación retenida”.
El tribunal también puede ordenar la restitución de los costos relacionados con la respuesta de emergencia. Esto incluye el pago por los salarios de los agentes de seguridad, bomberos y otros recursos movilizados para atender la falsa amenaza.
