El abogado de inmigración Wilfredo Allen aclaró que los cubanos con el documento I-220A no están obligados a registrarse ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) si están en proceso legal. En un contexto de creciente preocupación por el estatus migratorio de más de medio millón de cubanos en Estados Unidos, Allen brindó una serie de recomendaciones clave para evitar problemas con las autoridades migratorias y garantizar la residencia legal.
El abogado enfatizó que, hasta el momento, no se han reportado deportaciones masivas de cubanos con I-220A que no hayan cometido delitos. Según Allen, quienes siguen las normas establecidas y no tienen antecedentes criminales tienen altas probabilidades de lograr la legalización.
Advirtió que aquellos con antecedentes penales o que ya tengan una orden de deportación previa sí corren un mayor riesgo. Por ello, recomendó a los migrantes revisar su estatus y asegurarse de cumplir con todas sus obligaciones legales.
El especialista aconsejó que los cubanos con I-220A opten por solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano en lugar de insistir en el asilo, a menos que sea estrictamente necesario. Esta vía ofrece una solución más estable y rápida para regularizar el estatus migratorio.
Además, señaló que quienes entraron con CBP One y recibieron parole también pueden beneficiarse del ajuste cubano. Subrayó la importancia de iniciar los trámites sin demora para evitar posibles cambios en las políticas migratorias.
Otro punto clave abordado por el abogado fue la importancia de verificar la situación legal en la corte. Explicó que algunas solicitudes de asilo han sido “cerradas administrativamente”, lo que puede generar confusión. En estos casos, es fundamental comprobar si existe una fecha de audiencia pendiente, ya que faltar a una cita judicial puede llevar a una orden de deportación.
Para aquellos que ya han aplicado a la residencia, Allen recomendó tener paciencia. Aunque los procesos han sido ralentizados, aseguró que todos los cubanos que ingresaron legalmente eventualmente se legalizarán.
El abogado también mencionó que muchas familias cubanas han sido separadas debido a la falta de uniformidad en la documentación otorgada en la frontera. Algunos miembros recibieron parole, mientras que otros obtuvieron I-220A. Esto ha generado confusión y dificultades en los procesos de ajuste de estatus.
A pesar de esta situación, recomendó que todos los afectados continúen con sus aplicaciones y mantengan la calma mientras se resuelven estos problemas administrativos.
Sobre su reciente polémica con la congresista María Elvira Salazar, Allen enfatizó la necesidad de acciones administrativas por parte del Congreso para abordar la problemática de los cubanos con I-220A. Indicó que una ley específica para este grupo es poco probable, pero que existen medidas administrativas que podrían proporcionar una solución viable a largo plazo.
