Familias del exilio cubano vuelven a poner sobre la mesa un reclamo histórico: la confiscación de viviendas, fincas, fábricas, ingenios, bancos y negocios privados sin compensación por parte de la dictadura de Fidel Castro.
Ante las nuevas negociaciones que involucran a Washington y La Habana, los descendientes de exiliados, que perdieron todo a causa de las políticas implementadas por el castrismo, ahora tienen la esperanza de que este diálogo puede resultar en recuperar una parte de lo perdido.
En un reportaje de The New York Times, cubanos mencionaron las propiedades de sus familias que fueron confiscadas; algunas de ellas se han convertido en espacios habitacionales, pero otras terminaron para el gozo de la cúpula comunista o cedidas a delegaciones diplomáticas.
Teo A. Babún hijo, de 78 años, conserva el recuerdo de una gran casa esquinera azul y blanca en Santiago de Cuba, donde su abuela reunía a una extensa familia de ocho hijos y 21 nietos.
Aquella residencia, conocida hoy como “Casa del Árabe”, fue parte del patrimonio de una familia industrial que abandonó el país tras el avance de las confiscaciones. Según Babún, sus parientes dejaron atrás un ferrocarril, un aserradero y un astillero.
Los Badún también eran propietarios de una gran finca llamada “La Mesquita”, que durante varias décadas fue residencia del expresidente Raúl Castro y ahora el inmueble es utilizado como sede de una asociación cívica árabe y también funciona con servicios gastronómicos.
“Si eres propietario de algo y alguien te lo quita sin ningún tipo de compensación ni resolución, no es justo”, dijo Babún. Su familia, insiste, no busca una revancha, sino justicia.
El caso de Babún muestra también los límites de cualquier solución. Él mismo intentó crear un registro de propiedades arrebatadas a cubanos, con la esperanza de que el Departamento de Estado presionara a La Habana.
El proyecto terminó con unas 8.000 reclamaciones, apenas una fracción de los casos potenciales. Muchas familias, según contó, dudaban entre sumarse a un reclamo colectivo o preservar la posibilidad de negociar por separado.
Su propia familia contrató asesores en 2018. El cálculo del valor de sus bienes alcanzó 874,2 millones de dólares, incluidos 9 millones por la casa de Santiago de Cuba. Pero el paso del tiempo ha moderado su postura.
Babún reconoce que una solución no debería expulsar a quienes hoy viven en antiguas propiedades confiscadas. “Hay que encontrar la solución que proteja a los actuales ocupantes”, afirmó.
Nicolás Gutiérrez, abogado cubanoamericano radicado en Miami, también es parte de una familia afectada por las confiscaciones. Sus parientes perdieron una fortuna estimada en 50 millones de dólares a inicios de la década de 1960.
Entre los bienes confiscados figuran dos ingenios azucareros, 15 ranchos ganaderos, un molino de arroz, una plantación de café, un banco, una compañía de seguros y una distribuidora mayorista de alimentos.
“No éramos partidarios de Batista, no éramos políticos ni estábamos cometiendo delitos: deberíamos recuperarlo”, dijo Gutiérrez. Su argumento busca desmontar la narrativa oficial cubana que presentó durante décadas las confiscaciones como una medida contra enemigos políticos o representantes de la explotación económica.
Gutiérrez, secretario corporativo de la Asociación Nacional de Terratenientes Cubanos en el Exilio, asesora a otras familias y participa en litigios relacionados con propiedades confiscadas.
Otro cubano, Enrique Carrillo, cuya familia era propietaria de la destilería de ron Santa Cruz, al este de La Habana, dijo que estaba ansioso por que se indemnizara a las familias cubanas y por ayudar al país a reconstruirse.
“Llevamos mucho tiempo esperando este momento y que las estrellas se alineen. Mi padre trabajó muy duro durante muchos años para construir la empresa, y yo no pienso pasar página. Mi familia no piensa pasar por alto la historia”, agregó.
Las confiscaciones comenzaron poco después del triunfo revolucionario de 1959. Los hermanos Castro impulsaron una transformación radical de la estructura económica. Una ley agraria expropió grandes extensiones de tierra y prohibió la propiedad extranjera sobre terrenos agrícolas. En 1960, el gobierno cubano nacionalizó refinerías petroleras y grandes empresas.
Washington respondió con medidas económicas que derivaron en el embargo comercial, aún vigente. Pero el problema de las propiedades confiscadas quedó atrapado entre la disputa política, la falta de acuerdos bilaterales y la complejidad jurídica de miles de casos.
El gobierno cubano afirmó hace un mes estar dispuesto a indemnizar a ciudadanos y empresas de Estados Unidos por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. La declaración ocurre en un momento de creciente presión sobre La Habana por parte de la administración de Donald Trump.
No obstante, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo a Drop Site News que la propuesta se limitaría a un “pago único”. Ese eventual acuerdo, según explicó, tendría que formar parte de una negociación más amplia que incluya alivio de sanciones y permita nuevas inversiones estadounidenses en la Isla.
