La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba ha emitido sentencias a cuatro cubanos que convocaron a protestas masivas en redes sociales.
Ana Ibis Tristá Padilla, esposa del preso político Damián de Jesús Echavarría, fue condenada a 14 años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”. Jarol Varona Agüero recibió una pena de 13 años por los mismos delitos, mientras que Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera fueron sentenciados a cinco y cuatro años, respectivamente.
Las condenas han causado gran preocupación entre los defensores de derechos humanos, ya que se enmarcan en una serie de sanciones que criminalizan la libertad de expresión y manifestación en Cuba.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el origen de estos juicios se remonta a publicaciones en redes sociales realizadas en 2023, cuando Pérez Ruiz convocó a una marcha en Las Tunas el 14 de mayo de ese año.
Aunque la manifestación no se materializó debido a la intervención policial, las publicaciones fueron compartidas por Peña Aguilera, quien luego se reunió con Tristá Padilla para recibir orientación sobre cómo incrementar el alcance de la convocatoria.
El juicio original había absuelto a los implicados en noviembre de 2024, pero un recurso del fiscal permitió la anulación de la sentencia y la repetición del proceso, que resultó en la nueva condena. El tribunal acusó a Tristá Padilla de desempeñar un papel activo en la difusión de propaganda en redes sociales, argumentando que su postura era “desacreditar el proceso político económico en Cuba”.
Cubanos sentenciados por protestar contra los apagones
El Tribunal Municipal Popular de Bayamo, en la provincia de Granma, dictó sentencias a 15 personas involucradas en las protestas masivas del 17 de marzo de 2024, en las que decenas de residentes exigieron soluciones a los apagones continuos, la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos.
Las condenas impuestas varían entre tres y nueve años de prisión, con cargos que incluyen desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir, según un comunicado oficial del Tribunal Supremo Popular.
Ocho de los acusados fueron sentenciados a penas de entre seis y nueve años de cárcel, cinco recibieron condenas de tres a cinco años, y dos más fueron condenados a cumplir trabajo correccional sin internamiento.
Las protestas del 17 de marzo de 2024 evidenciaron un malestar social extendido ante la crisis que atraviesa Cuba, marcada por apagones de varias horas al día, interrupciones prolongadas en el servicio de agua en numerosos barrios y una aguda escasez de productos esenciales.
Las movilizaciones, iniciadas en Bayamo, se propagaron a otras localidades como Gibara, donde al menos 27 personas fueron detenidas tras reclamar el restablecimiento del servicio eléctrico y el acceso a agua potable.
