El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado rechazando la reciente ‘Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos’, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden.
Según la declaración, esta legislación es vista como una medida coercitiva unilateral que refuerza el embargo económico contra Cuba y amplía el alcance de la controvertida Sección 211 de la Ley de Asignaciones de 1999, que ya había sido cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por infringir las normas internacionales de protección de la propiedad intelectual.
La declaración acusa a EEUU de desestimar los principios del derecho internacional, señalando que esta nueva ley facilita el “robo” de marcas cubanas legítimamente registradas en el país norteamericano, como el caso de Havana Club, en disputa con Bacardí. Además, el documento afirma que las autoridades cubanas han respetado siempre los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, protegiendo más de 6.400 marcas estadounidenses registradas en la Isla.
Estados Unidos ensancha el camino para el robo de marcas cubanas.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de #Cuba 🇨🇺.
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— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) December 10, 2024
En un tono confrontativo, la nota oficial del Minrex acusa a Bacardí de influir en la creación de normativas como la Ley Helms-Burton de 1996, a la que describe como “colonial” y responsable de los sufrimientos del pueblo cubano.
La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores intenta proyectar una imagen de respeto por las normas internacionales, mientras ignora el contexto histórico que llevó a estas disputas. Es importante recordar que el régimen comunista bajo el mando del dictador Fidel Castro confiscó unilateralmente marcas y propiedades en Cuba, muchas de ellas pertenecientes a ciudadanos estadounidenses o empresas extranjeras, tras asaltar el poder por la vía armada en 1959.
Estas expropiaciones, realizadas sin compensación, violaron los principios de propiedad privada reconocidos internacionalmente, sembrando el conflicto que persiste hoy.
La afirmación del Minrex de que las marcas confiscadas son “legítimamente registradas” en EEUU es técnicamente cierta, pero no aborda la cuestión de fondo: la legitimidad de esas marcas se deriva de actos de confiscación que despojaron a sus propietarios originales. El uso de estas marcas por parte del castrismo evidencia una apropiación de recursos para beneficio del régimen, muchas veces a expensas de los derechos de los expropiados.
Por otro lado, la mención del respeto por marcas estadounidenses registradas en Cuba parece un intento de justificar la postura del régimen, pero no logra desviar la atención del hecho fundamental de que las confiscaciones iniciales fueron el origen de estas disputas.
En última instancia, la narrativa del “sufrimiento del pueblo cubano” pierde fuerza frente a la realidad de un sistema que ha utilizado recursos expropiados para sostener un modelo económico fallido, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y llenando de privilegios a la élite como se demostró recientemente en el cumpleaños de Sandro Castro, el nieto del fallecido dictador.
La Ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, aprobada por el Congreso de EEUU, prohíbe la validación y el uso en tribunales estadounidenses de marcas expropiadas tras 1959 sin el consentimiento de sus propietarios originales.
Esta normativa afecta directamente al régimen castrista al limitar su capacidad de comercializar productos bajo marcas confiscadas, como el ron Havana Club. Apoyada por un consenso bipartidista, busca proteger los derechos de propiedad intelectual de empresarios cuyos bienes fueron apropiados arbitrariamente por el gobierno cubano.
La ley también refuerza acciones legales contra entidades cubanas, afectando a empresas estatales que han explotado marcas históricamente vinculadas a expropiaciones, consolidando así las restricciones económicas contra el régimen.
