La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 23 de abril de 2026 que la Ley de Amnistía “llega a su fin”, apenas dos meses después de su aprobación, pese a que la norma no establece fecha de caducidad y cuando organizaciones no gubernamentales reportan la existencia de 473 presos políticos en el país.
El anuncio generó rechazo inmediato de varias ONG venezolanas, que calificaron la medida como “arbitraria e inconstitucional”. Las organizaciones sostienen que el Ejecutivo no tiene competencia para dejar sin efecto una ley aprobada por el Parlamento ni para limitar su aplicación mediante una declaración pública.
Rodríguez no precisó qué implica en la práctica el supuesto cierre de la amnistía. Tampoco explicó si las solicitudes pendientes serán archivadas o revisadas por otras instancias. Solo indicó que los casos excluidos por la ley podrán ser atendidos en espacios oficiales.
Entre esas vías mencionó el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada el mismo jueves. Sin embargo, las organizaciones civiles advierten que esos mecanismos no sustituyen las garantías legales previstas en una ley de amnistía.
Provea rechazó la decisión en la red social X y afirmó que la medida “no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.
La organización consideró que el anuncio profundiza la incertidumbre de familiares y detenidos que aún esperan revisión judicial.
Acceso a la Justicia también cuestionó el pronunciamiento. La ONG recordó que la Ley de Amnistía no incluye una fecha de vencimiento, por lo que, a su juicio, la norma sigue vigente aunque el Ejecutivo “haya decidido que ya no lo está”.
La organización explicó que una ley solo puede ser derogada por otra norma de igual rango aprobada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, consideró que el anuncio vulnera la separación de poderes.
Justicia, Encuentro y Perdón fue más allá y calificó la declaración como un “atropello al Estado de derecho”. La ONG sostuvo que una ley de esta naturaleza no puede quedar sin efecto por voluntad del Ejecutivo, sin un procedimiento institucional previsto en la Constitución.
Según esa organización, dar por concluida la amnistía representa un “acto de inseguridad jurídica”. También advirtió que la medida deja en vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal preocupante a los tribunales, al sugerir que desestimen solicitudes de libertad sin base legal.
El diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la norma, informó que hasta el miércoles 8.616 personas habían recibido amnistía. De ese total, 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares.
Arreaza señaló además que las autoridades recibieron 12.187 solicitudes válidas, relacionadas con delitos y períodos contemplados en la legislación. También afirmó que seguían llegando peticiones de venezolanos dentro y fuera del país.
Pese a esas cifras, el gobierno no ha publicado un listado oficial con los nombres de los beneficiados. Esa información ha sido solicitada por el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y por varias ONG venezolanas, que piden transparencia sobre el alcance real de la medida.
