Una alianza de organizaciones defensoras de los derechos civiles acudió el miércoles 28 de octubre a un tribunal federal de California para exigir la suspensión de un programa de vigilancia electoral ejecutado por el gobierno de Estados Unidos. Los demandantes sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) investigan de forma discriminatoria a estadounidenses naturalizados, con Florida entre los territorios seleccionados para las verificaciones.
La acción judicial, registrada bajo el expediente 3:26-cv-12617, fue promovida por OCA-Asian Pacific American Advocates, dos de sus capítulos regionales y Common Cause, con respaldo legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades. Las acusaciones todavía deben resolverse judicialmente.
USCIS utiliza información personal para investigar a votantes naturalizados
Desde agosto de 2026, las autoridades migratorias desarrollan la denominada “Unlawful Voter Initiative”, una operación que moviliza a cientos de funcionarios para examinar posibles irregularidades electorales. Sin embargo, la manera en la que estos funcionarios operan pone en riesgo el voto de ciudadanos naturalizados.
El procedimiento utiliza una base de datos con información de cientos de miles de individuos, incluidos números de Seguro Social, fechas de nacimiento y Números de Extranjeros.
Debido a que todos los individuos en la lista tienen asignado al menos un Número de Extranjero, y que los ciudadanos nacidos en EEUU no, la iniciativa afecta de manera exclusiva a ciudadanos naturalizados y no a los estadounidenses. En ese sentido, la demanda sostiene que esto lleva a la investigación discriminatoria de los extranjeros naturalizados.
Las organizaciones cuestionan además la precisión de los registros. Una revisión de 20.000 votantes señalados en California como votantes ilegales encontró que el 38,9% de aquellos con lugar de nacimiento documentado eran estadounidenses de nacimiento, mientras el 71,2% nunca había participado en una votación.
De igual manera, la elevada carga de trabajo y el poco tiempo para hacerlo sugieren que los funcionarios podrían estar “apresurando” su evaluación, lo que podría costarle el voto a alguien que no merece estar en la lista de votantes ilegales.
Y es que los documentos judiciales describen que cada funcionario debía completar cinco verificaciones por hora, dejando apenas 12 minutos para examinar cada expediente.
Florida aparece entre los estados investigados por el DHS
Las autoridades habrían autorizado el uso de declaraciones falsas para consultar plataformas de Florida, Virginia y Massachusetts. También aparecen mencionados otros estados, entre ellos Nueva Jersey, Michigan, Minnesota, Ohio, Arizona y Georgia.
Cuando los investigadores detectaban “posibles infracciones”, podían incorporar información al sistema federal TECS, utilizado por organismos de seguridad y control fronterizo. Los demandantes advierten que estos registros podrían ocasionar interrogatorios, restricciones de viaje o procedimientos penales para muchos que tienen su documentación en orden.
La situación adquiere especial importancia para la comunidad cubanoamericana, pues una elevada proporción de los 691.000 electores de ascendencia antillana registrados en Florida obtuvo su ciudadanía mediante naturalización. No obstante, esas cifras no permiten determinar cuántos cubanos están incluidos en las investigaciones.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos naturalizados antes de votar?
La demanda llega antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y solicita impedir que las autoridades estatales rechacen sufragios válidos basándose en información federal cuestionada.
Los ciudadanos naturalizados conservan los mismos derechos electorales que quienes nacieron en Estados Unidos. Ante posibles errores administrativos, resulta conveniente comprobar el registro electoral y solicitar asesoría jurídica si reciben requerimientos relacionados con estas investigaciones.
La ACLU también solicita que los tribunales declaren ilegales las prácticas denunciadas por posibles violaciones de las normas federales sobre derechos civiles, privacidad y procedimientos administrativos.
