La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, enfrenta una disputa judicial en Florida por un contrato firmado en junio de 2025 con un bufete privado que puede recibir hasta el 35% del dinero recuperado mediante decomisos civiles.
Empresas afectadas cuestionan la legalidad del acuerdo y sostienen que las comisiones económicas comprometen la imparcialidad de los procedimientos, según una investigación publicada por The Miami Herald el 7 de noviembre de 2026.
El conflicto involucra más de 45,2 millones de dólares incautados a distribuidores de teléfonos celulares. Los demandantes consideran que el sistema de remuneración ofrece incentivos para perseguir bienes de alto valor, incluso cuando sus propietarios no enfrentan acusaciones penales.
Contrato de la sheriff de Miami-Dade permite cobrar hasta el 35% de decomisos
El acuerdo beneficia a Reyes Law Firm, despacho de Coral Gables dirigido por Israel “Izzy” Reyes, antiguo policía, fiscal y juez. El abogado tomó juramento a Cordero-Stutz cuando asumió el cargo. Su firma representa a la oficina policial en litigios relacionados con propiedades y fondos presuntamente vinculados a actividades delictivas.
La remuneración oscila entre el 20% y el 35% de las cantidades recuperadas, según las condiciones del procedimiento. El contrato también contempla un 5% adicional por determinadas actuaciones en apelación. Los honorarios dependen de que las autoridades obtengan los bienes mediante una sentencia definitiva o un acuerdo judicial.
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Más de 45 millones de dólares incautados a empresas de Miami
Entre las compañías afectadas figura SH Americas LLC, distribuidora autorizada de teléfonos Samsung en el sur de Florida. Las autoridades confiscaron aproximadamente 42,7 millones de dólares de sus cuentas. Además, los procedimientos buscan recuperar otros fondos multimillonarios que los investigadores relacionan con una supuesta operación de lavado de dinero.
La investigación policial apunta a una presunta organización criminal vinculada con dos ciudadanos chinos. Sin embargo, ninguno de los responsables de las empresas distribuidoras mencionadas enfrenta cargos penales, según la información publicada. Los abogados defensores cuestionan que sus clientes deban asumir elevados gastos judiciales para recuperar los recursos inmovilizados.
Los representantes legales también advierten que el bufete podría obtener millones de dólares si prosperan los procedimientos. Su principal argumento es que un abogado contratado para representar intereses públicos no debería tener beneficios económicos directamente vinculados al resultado de las confiscaciones.
Tribunal de Florida examina la legalidad del acuerdo
La defensa de Cordero-Stutz, encabezada por la abogada Lauri Waldman Ross, rechaza los cuestionamientos. Sostiene que la oficina de la sheriff conserva la supervisión de los litigios y decide cuáles procedimientos iniciar y qué acuerdos aceptar. En abril, la jueza Ariana Fajardo Orshan rechazó una solicitud para apartar al despacho privado.
El conflicto continúa ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y organizaciones jurídicas presentaron argumentos contra el sistema de comisiones. La decisión podría establecer un precedente sobre la participación de abogados privados en decomisos civiles, una práctica que mantiene abierto el debate sobre los derechos de propiedad y el debido proceso.
