El sindicato español Manos Limpias dirigió una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra nueve cónsules destinados en Cuba, Argentina, México y Venezuela por presuntas irregularidades en la concesión de nacionalidades mediante la Ley de Memoria Democrática. El escrito, fechado el 14 de octubre, solicita investigar posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.
Según publicaron los medios españoles The Objective e Hispanidad, la acción incluye al responsable consular de La Habana y a funcionarios de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas.
La denuncia, promovida por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, invoca los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal español. La organización reclama determinar si las autoridades concedieron ciudadanías sin verificar adecuadamente los requisitos legales.
Nacionalidades aprobadas supuestamente con simples fotocopias
Una de las acusaciones más graves apunta a la supuesta aprobación de expedientes mediante fotocopias, sin suficientes comprobaciones de autenticidad. El sindicato sostiene que algunos consulados habrían acelerado las concesiones para gestionar el elevado volumen de solicitudes.
También cuestiona la aceptación de documentos relacionados con emigraciones españolas anteriores al 18 de julio de 1936. Según los denunciantes, determinadas solicitudes pudieron beneficiarse de interpretaciones administrativas que consideran contrarias a la legislación.
La polémica alcanza directamente a la instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encargada de desarrollar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
¿Qué establece la normativa española sobre los descendientes?
La instrucción establece una presunción de exilio para españoles que abandonaron su país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para emigraciones posteriores, hasta diciembre de 1978, exige acreditar dicha condición.
Sin embargo, la propia normativa contempla distintas vías para obtener la nacionalidad. Por tanto, presentar antecedentes familiares anteriores a 1936 no constituye automáticamente una irregularidad ni demuestra que una ciudadanía haya sido concedida ilegalmente.
Manos Limpias considera que una instrucción administrativa no puede ampliar los derechos establecidos por una ley. Su denuncia cuestiona tanto las decisiones consulares como la interpretación jurídica utilizada para resolver los expedientes.
¿Qué consecuencias podría tener para los cubanos?
La inclusión del Consulado de España en La Habana en la denuncia genera incertidumbre entre familias cubanas que han recurrido a la Ley de Nietos para acceder a la ciudadanía europea y establecerse legalmente en España.
El sindicato solicita que la Fiscalía investigue las actuaciones denunciadas y examine los expedientes aprobados. También advierte sobre posibles consecuencias electorales, debido al derecho de voto que adquieren los nuevos ciudadanos españoles.
Hasta ahora, las acusaciones no constituyen una condena ni implican la cancelación automática de las nacionalidades concedidas. La eventual apertura de una investigación penal deberá determinar si existieron delitos y quiénes serían responsables.
