Las misiones médicas cubanas, una de las iniciativas de cooperación internacional más promovidas por el gobierno de la isla, se enfrentan a serias acusaciones de explotación laboral.
Diversos testimonios de médicos y enfermeros que han participado en estas misiones denuncian que el gobierno cubano retiene un porcentaje elevado de los salarios que reciben los países receptores por los servicios médicos proporcionados, dejando a los trabajadores con una fracción mínima.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders (PD), ha detallado que el régimen cubano se queda con hasta el 85 % de los salarios pagados por los gobiernos extranjeros.
“Cuba factura entre cinco mil y seis mil millones de dólares anuales por las misiones médicas”, afirmó Larrondo, agregando que los profesionales cubanos reciben apenas una parte de esa cantidad.
Por ejemplo, durante la pandemia, México pagaba 3.750 dólares mensuales por médico, pero los médicos cubanos recibían solo 200 dólares. En otros países, como Catar e Italia, las disparidades salariales son igualmente notorias.
La denuncia ha ganado apoyo internacional, y organizaciones como PD han reunido más de 1.400 testimonios de profesionales que participaron en misiones en distintos países.
Estos relatos detallan jornadas laborales agotadoras, bajo condiciones precarias y con una vigilancia constante.
Además, los testimonios destacan restricciones a sus derechos fundamentales, como la retención de pasaportes y la prohibición de llevar consigo títulos académicos, lo que dificulta la posibilidad de abandonar el programa.
Uno de los testimonios más conmovedores es el de Arisleydi López, enfermera con más de 30 años de experiencia, quien trabajó en misiones en México y Venezuela.
López relató que al principio pensó que las misiones le permitirían mejorar la calidad de vida de su familia, pero pronto se dio cuenta de que los contratos no especificaban claramente el salario real.
“Es un fraude total”, denunció. Además, destacó que muchos de los profesionales enviados a las misiones no contaban con la formación adecuada.
El miedo a perder la conexión con sus familias es otro de los aspectos críticos que denuncian los trabajadores. Abandonar las misiones implica, según las leyes cubanas, una prohibición de regresar a la isla por hasta ocho años, lo que crea una separación prolongada de los familiares.
“Si no estoy de acuerdo con que me esclavicen, son ocho años de separación de mi familia”, dijo López, quien actualmente reside en Estados Unidos.
La comunidad internacional ha reaccionado ante estas denuncias. Relatores de la ONU han expresado preocupación por las condiciones laborales y la explotación, mientras que el Parlamento Europeo ha emitido resoluciones criticando el sistema.
Sin embargo, el gobierno cubano defiende las misiones médicas como una fuente legítima de ingresos, que además contribuye al sistema nacional de salud y a la economía del país.
Este debate se intensifica en el contexto de la grave crisis sanitaria que enfrenta Cuba, donde el sistema de salud está colapsando debido a la escasez de recursos y médicos.
Mientras que el gobierno presenta estas misiones como un símbolo de solidaridad y diplomacia sanitaria, las voces críticas sostienen que este modelo prioriza la obtención de divisas a costa de los derechos y la estabilidad de los profesionales cubanos.
