Roberto Mosquera, un cubano de 33 años que llegó a Estados Unidos a los 9 años y que destacó como un seguidor del movimiento MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump, fue deportado por ICE a Eswatini, un pequeño país en África, en lugar de ser regresado a Cuba.
El caso ha generado controversia, especialmente por las acusaciones de “asesinato” que se le atribuyen, pese a la ausencia de pruebas en su historial penal.
La detención y posterior deportación de Mosquera a Eswatini ha despertado fuertes cuestionamientos sobre la política migratoria y judicial de ICE, particularmente en casos que involucran a residentes de larga data en EEUU.
Sin cargos formales ni acceso a una defensa legal adecuada, Mosquera lleva más de tres meses encarcelado en una prisión de máxima seguridad, sin haber sido procesado ni presentado ante un tribunal.
El gobierno estadounidense justificó la deportación de Mosquera alegando que se trataba de un “asesino convicto”, una acusación que la hija del cubano ha rechazado enérgicamente.
“Es un poco extraño que etiqueten a mi padre como un asesino”, dijo la hija de Mosquera, quien exige una revisión exhaustiva del caso. Según su testimonio, no existe evidencia que respalde las acusaciones de homicidio en los antecedentes de su padre.
Mosquera, quien fue detenido por ICE en 2022, inició recientemente una huelga de hambre como forma de protesta. Su objetivo es atraer la atención del movimiento MAGA y de la prensa estadounidense sobre lo que considera un trato injusto y arbitrario.
La huelga de hambre se ha convertido en un símbolo de la indignación de los activistas por los derechos humanos que denuncian el manejo opaco y cuestionable de casos como el suyo.
Los detalles de su caso han puesto en evidencia algunos problemas del sistema de inmigración y deportación en EEUU, que según algunos expertos, carece de transparencia y protección para los residentes de larga data que, como Mosquera, llevan más de 20 años en el país sin haber sido procesados por delitos graves.
El caso también resalta una práctica común en el tratamiento de deportados de Cuba: el régimen de la isla se muestra reacio a aceptar a los cubanos que han pasado muchos años fuera del país.
Según varias fuentes, esto se debe al temor de que estos individuos puedan tener ideas políticas diferentes o puedan generar conflictos dentro de la isla, lo que ha resultado en una falta de cooperación entre Cuba y EEUU en casos de repatriación.
La situación de Roberto Mosquera ha atraído la atención de la prensa y de grupos pro derechos humanos, que exigen una revisión del caso y la liberación inmediata de Mosquera, así como una revisión de las políticas de deportación que afectan a miles de personas en situaciones similares.
