El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes en el Museo y Librería de Bahía de Cochinos, en Miami, una nueva ley para endurecer las restricciones contra Cuba y otros países considerados amenazas extranjeras, con el objetivo de limitar contactos gubernamentales, impedir beneficios a funcionarios públicos y sancionar vínculos no autorizados con regímenes adversarios.
La norma, presentada como Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera contra “países de preocupación”, fue promulgada en un lugar de alto simbolismo para el exilio cubano.
Desde allí, DeSantis afirmó que Florida necesita “un buen vecino” a unos 145 kilómetros de sus costas, en clara referencia a Cuba.
El mensaje político del gobernador fue directo. “Es hora de que la dictadura comunista cubana quede en el pasado de una vez por todas”, declaró DeSantis durante el acto.
También defendió que no se trata solo de promover un cambio en La Habana, sino de respaldar el fin del sistema político impuesto por el régimen.
La legislación incluye a Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Estos países ya estaban sujetos en Florida a limitaciones sobre inversiones públicas, compra de terrenos, contratos gubernamentales y acuerdos académicos, pero la nueva ley amplía el alcance de esas restricciones.
Uno de los puntos centrales es la prohibición de que funcionarios y empleados públicos acepten regalos, beneficios o ventajas procedentes de esos gobiernos o de entidades vinculadas a ellos. La medida busca cerrar posibles vías de influencia sobre instituciones estatales y locales en Florida.
En el caso cubano, la ley autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar licencias comerciales de empresas o individuos que hagan negocios con el régimen de La Habana en violación de leyes federales. El enfoque apunta contra operaciones económicas realizadas sin las autorizaciones correspondientes.
De acuerdo con el contenido de la medida, esas personas o compañías podrían enfrentar consecuencias más severas si sus vínculos comerciales incumplen las disposiciones vigentes.
La frase “no podemos hacer negocios con criminales” resume el tono político de una ley que coloca al régimen cubano en el centro del debate sobre seguridad e influencia extranjera.
La norma también restringe acuerdos de subrogación y adopción cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de uno de los países considerados de preocupación. Además, impide al estado entregar o recibir fondos de organizaciones catalogadas como terroristas.
Otro apartado crea mecanismos para designar grupos terroristas nacionales y extranjeros. Con ello, Florida refuerza su capacidad legal para actuar contra redes o entidades que sean consideradas un riesgo para la seguridad pública, institucional o financiera del estado.
La ley contempla una cláusula que permitiría al gobernador suspender temporalmente ciertas restricciones comerciales con Cuba si el Gobierno federal de Estados Unidos impulsa cambios en la isla como parte de un proceso hacia una “Cuba libre e independiente”. Ese alivio quedaría condicionado a una transformación política real.
La firma ocurre en un contexto de mayor presión de Washington contra La Habana. Los textos citan nuevas sanciones anunciadas contra Cuba y advertencias de Marco Rubio sobre más medidas.
También señalan que Estados Unidos habría descartado un ataque inmediato, aunque la opción militar seguiría siendo mencionada en el escenario político.
Para el exilio cubano, la promulgación tiene un valor legal y simbólico. La ley traslada al terreno estatal una postura de confrontación abierta contra el régimen de La Habana y refuerza la política de Florida contra gobiernos considerados hostiles.
Su impacto recaería sobre instituciones, funcionarios, empresas y actores privados con vínculos no autorizados con esos países.
