Documentos oficiales obtenidos en exclusiva por el perfil de Facebook Nio Reportando un Crimen revelan presuntas irregularidades millonarias dentro de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Santiago de Cuba.
Según la información, fechada en julio de 2024, los expedientes apuntan a posibles delitos de corrupción administrativa, malversación de fondos y tráfico de influencias en una entidad estatal clave para el abastecimiento de alimentos en la provincia.
Las irregularidades detectadas superarían los 54 millones de pesos cubanos, mediante pagos indebidos, desvío de fondos, facturación sin respaldo económico real y contratos con graves deficiencias legales.
El caso expone, además, fallas severas en los mecanismos de control interno, un problema recurrente en empresas estatales cubanas, donde la falta de transparencia facilita el uso discrecional de recursos públicos.
Entre los elementos más relevantes aparecen contratos con espacios en blanco, documentos sin firmas, expedientes incompletos y operaciones sin el debido respaldo documental. Estas prácticas, según la denuncia, habrían violado normas básicas de contratación económica y permitido erogaciones millonarias sin garantías suficientes sobre el destino real del dinero.
Los documentos también señalan la facturación de cifras elevadas sin una justificación económica verificable. Este tipo de operación podría haber generado daños patrimoniales al Estado, aunque hasta el momento no se conoce una respuesta pública detallada de las autoridades provinciales ni de los organismos encargados de investigar el caso.
Las supuestas irregularidades adquieren mayor gravedad por tratarse de una empresa vinculada a la industria alimentaria, un sector sensible en Cuba, marcado por la escasez, la baja producción y el deterioro de los servicios básicos.
En ese contexto, cualquier desvío de fondos o mala administración impacta de forma directa en una población sometida a una crisis económica prolongada.
La información difundida menciona a varias personas relacionadas con los procesos administrativos, fiscales, de auditoría e inversión dentro de la empresa. Entre los nombres señalados figuran Jorge Arce Ferrera, director general; Luis Enrique Fernández Reyes, auditor de la entidad; Luis Felipe Torres Garrido, fiscal; Yoel Suárez, identificado como inversionista vinculado; y Yulianela Jiménez, trabajadora por cuenta propia.
Asimismo, se hace referencia a otros funcionarios, especialistas y directivos que habrían participado en procesos de inspección, contratación y toma de decisiones. La mención de estas personas coloca bajo escrutinio público el funcionamiento interno de la entidad y la actuación de quienes debían garantizar la legalidad de los procedimientos.
Otro punto señalado es la posible existencia de nepotismo en la asignación de recursos y contratos. Según la denuncia, determinadas decisiones habrían favorecido a personas o redes de influencia, mientras auditorías y verificaciones fiscales no detectaron las anomalías o no actuaron con la debida firmeza.
Los documentos también refieren que algunas denuncias habrían sido entregadas a las autoridades desde hace meses sin que se conozcan acciones concretas. Esta falta de respuesta alimenta las sospechas sobre posibles mecanismos de encubrimiento, chantaje o presión dentro del sistema administrativo.
Entre los hechos más sensibles se menciona el caso de una trabajadora afectada económicamente y la situación de un obrero fallecido, cuyo pago correspondiente no habría sido resuelto. Estos elementos amplían el alcance del expediente, al combinar presuntos daños económicos con afectaciones laborales y humanas.
Según la conclusión de los propios documentos, de 14 aspectos investigados, varios fueron reconocidos como “con razón” o “con razón en parte”. Esa admisión indicaría la existencia de irregularidades reales dentro de la empresa, incluidas violaciones graves que podrían constituir hechos de corrupción y daños económicos al Estado.