Miguel Díaz-Canel admitió el jueves 30 de julio, durante la clausura del VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional en La Habana, que las nuevas reformas económicas del régimen han generado inquietud por el crecimiento del sector privado, la concentración de riqueza y las desigualdades.
El gobernante defendió las 176 medidas como una vía para sostener el socialismo, no para sustituirlo. El discurso oficial enumeró dudas sobre la expansión del capital privado, los derechos de usufructo, una posible privatización de empresas estatales, la reducción de subsidios, las licitaciones y la capacidad del Estado para frenar la corrupción.
“A todos estos asuntos hay que prestarles suma atención para evitar distorsiones”, afirmó Díaz-Canel.
Temor dentro del aparato estatal
La preocupación descrita por el mandatario no parece corresponder al cubano de a pie. También puede leerse como un mensaje dirigido a cuadros, funcionarios y administradores vinculados al aparato castrista, sectores que durante décadas han manejado recursos, permisos y decisiones económicas desde posiciones privilegiadas. Una apertura limitada podría alterar esas redes de influencia.
Díaz-Canel insistió en que el Gobierno no pretende abandonar su doctrina. “Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista; un socialismo que pone al ser humano en el centro de su obra”, sostuvo.
Esa defensa contrasta con el desgaste acumulado tras más de seis décadas de centralización, bajos salarios y escasez. Sondeos independientes, con las limitaciones de las encuestas digitales dentro de un sistema autoritario, apuntan a una demanda amplia de cambios.
Una consulta divulgada en abril de 2026 indicó que el 75,1% de sus participantes favorecía una democracia liberal con economía de mercado. Cubadata reportó en 2024 que el 85,9% quería un modelo más abierto.
Apertura económica sin apertura política
El paquete elimina el límite de 100 empleados para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme), permite que una persona posea varias empresas y abre espacio a bancos privados, casas de cambio e inversión extranjera en negocios no estatales. Reuters lo describió como la mayor modificación del modelo económico cubano desde 1959.
El Decreto 160, publicado el 22 de julio, retiró 46 prohibiciones y flexibilizó otras 35 actividades privadas. Sin embargo, el Partido Comunista conservará el poder político y la supervisión económica. La apertura no equivale a una transición democrática ni garantiza igualdad de acceso a las oportunidades.
Persisten los riesgos de privilegios
Díaz-Canel aseguró que 120 disposiciones están listas para aplicarse. También anunció reuniones del Partido con trabajadores para explicar el proceso y corregir desviaciones, pero no presentó un calendario completo ni mecanismos independientes de fiscalización.
El principal riesgo es que la liberalización termine beneficiando a empresarios conectados con la élite, directivos estatales y figuras con acceso a capital, licencias o información privilegiada. Mientras la población soporta apagones, inflación y falta de alimentos, el régimen intenta administrar una apertura económica sin ceder el monopolio político ni renunciar a un sistema socialista que amplios sectores consideran agotado y fracasado.
