El dirigente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el Gobierno cubano está ampliando el espacio para los negocios privados como una medida necesaria para enfrentar la crisis económica, aunque negó que esto represente un regreso al capitalismo.
El gobernante calificó la expansión del sector privado como una concesión y aseguró que el Partido Comunista mantendrá el control político del país.
La declaración fue realizada durante una entrevista con la periodista brasileña Mônica Bergamo para Folha de S.Paulo. Díaz-Canel explicó que en una economía que todavía se presenta como socialista pueden existir relaciones de mercado y empresas privadas, pero sostuvo que esto no significa abandonar el sistema político vigente.
La diferencia está en quién controla el poder. El mandatario señaló que el Partido Comunista, la participación popular y el respaldo de una parte de la población impedirían una restauración capitalista en Cuba. De esta manera, el Gobierno acepta mecanismos económicos asociados al mercado, pero mantiene fuera de discusión el control político.
Las nuevas medidas representan un cambio importante frente al modelo que durante décadas concentró en manos del Estado buena parte de la actividad económica.
El paquete aprobado en junio contiene 176 transformaciones y permite, entre otras cosas, ampliar las posibilidades de las mipymes, facilitar la inversión extranjera en empresas privadas y cooperativas y abrir espacios para la banca y las casas de cambio privadas.
También se autorizó la participación privada y extranjera en actividades que tradicionalmente estuvieron bajo control estatal.
Entre ellas aparece la importación, distribución y venta minorista de combustibles, un cambio relevante dentro de un sector que había permanecido prácticamente reservado al Estado.
El Gobierno presentó estas medidas como una forma de recuperar la economía sin modificar el sistema político. Díaz-Canel recurrió incluso a una explicación utilizada por Fidel Castro durante la crisis de los años 90: permitir ciertas actividades de mercado sería una concesión temporal para preservar los principios del sistema.
La apertura responde a una situación económica que limita cada vez más la capacidad estatal. En junio el dólar llegó a 700 pesos cubanos en el mercado informal, mientras la moneda nacional continuaba perdiendo valor frente a los precios de alimentos, medicinas y productos importados.
La presión también se refleja en el reconocimiento oficial de que el Estado necesita al sector privado. En abril, el Ministerio de Comercio Interior admitió que los negocios privados estaban mostrando mayor competitividad que establecimientos estatales en determinadas actividades gastronómicas.
El giro económico ha sido señalado como un acercamiento a mecanismos propios de una economía capitalista. Las nuevas normas permiten inversión privada, capital extranjero, operaciones en divisas y mayor participación empresarial fuera del Estado, mientras el poder político continúa concentrado en las estructuras del Partido Comunista.
El régimen, sin embargo, rechaza que exista una transición política. Su posición es que Cuba puede incorporar propiedad privada y relaciones de mercado para sostener la economía sin entregar el control del sistema.
Así, la crisis está empujando al Gobierno a modificar la forma en que funciona la economía, pero no la estructura desde la que ejerce el poder.
