El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las nuevas sanciones emitidas por Estados Unidos contra altos funcionarios civiles, jefes militares y entidades del aparato de inteligencia cubano, quienes fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
A través de redes sociales, el gobernante cubano afirmó que ningún miembro de la dirección del Partido Comunista, el Estado, el gobierno ni las instituciones militares posee activos bajo jurisdicción estadounidense.
En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense.
El gobierno de EE.UU lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica…
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 19, 2026
El gobernante comunista sostuvo que la “retórica anticubana” busca justificar una escalada de la “guerra económica total” contra la Isla. Asimismo, aseguró que su gobierno continuará denunciando lo que calificó como un “cerco genocida” dirigido a “estrangular” al pueblo cubano.
Díaz-Canel cuestionó en particular la orden ejecutiva que permite sancionar a terceros vinculados a transacciones con el régimen comunista. La calificó de “inmoral, ilegal y criminal” por perseguir, según dijo, a empresas o gobiernos que intenten vender combustible a Cuba o realizar operaciones comerciales con la Isla.
El gobernante también acusó a EEUU de ampliar el alcance extraterritorial del embargo a niveles “nunca vistos”, al penalizar a compañías que quieran invertir en Cuba o suministrar bienes básicos como alimentos, medicamentos, productos de aseo y otros insumos esenciales.
“El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores”, escribió Díaz-Canel.
Las nuevas sanciones son una medida bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que autoriza sanciones contra responsables de la represión en Cuba y contra actores considerados amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.
Al ofrecer un mensaje al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las nuevas designaciones buscan proteger la seguridad nacional estadounidense y privar al régimen comunista y a las Fuerzas Armadas cubanas del acceso a activos ilícitos.
“Las designaciones de hoy restringen aún más la capacidad del régimen cubano para suprimir la voluntad del pueblo cubano”, afirmó el secretario de Estado en un comunicado publicado por el Departamento de Estado. El funcionario también advirtió que se esperan nuevas sanciones en los próximos días y semanas.
La inclusión en la Lista SDN tiene efectos financieros severos. Todos los bienes, cuentas, propiedades o intereses de los sancionados que se encuentren en EEUU o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados.
Además, ciudadanos, residentes permanentes y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con esas personas o entidades.
Los funcionarios sancionados son:
- Rosabel Gamón Verde, Ministra de Justicia
- Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional
- Vicente de la O Levy, Ministro de Energía y Minas
- Mayra Arevich Marín, Ministra de Comunicaciones
- Jose Miguel Gómez del Vallín, Jefe de la Contrainteligencia Militar
- Raúl Villar Kessell, Jefe del Ejército Central
- Eugenio Armando Rabilero Aguilera, Jefe del Ejército Oriental
- Joaquín Quintas Sola, General de Cuerpo del Ejército de Cuba
- Roberto Morales Ojeda, Secretario del Comité Central de PCC
La OFAC también informó que actualizó registros ya existentes relacionados con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios vinculados a esas estructuras. Esto amplía el marco de sanciones sobre organismos clave del aparato represivo cubano.
La referida oficina igual sancionó a la Dirección de Inteligencia de Cuba, identificada como Dirección General de Inteligencia, DGI o G2, un organismo históricamente asociado al espionaje, la seguridad del Estado y la represión interna en la Isla. La entidad aparece registrada como organización gubernamental establecida el 6 de junio de 1961.
