El economista cubano Pedro Monreal ha expresado su rechazo al Decreto 110/2024, recientemente publicado en la Gaceta Oficial, que obliga a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Cuba a generar su propia energía a partir de fuentes renovables.
Según Monreal, esta medida, además de ser una carga para las empresas privadas, refleja una vez más la incapacidad del Estado para garantizar las condiciones básicas de funcionamiento para los actores económicos del país.
En su cuenta de Twitter, Monreal afirmó que la premisa de que “cada actor económico debe generar su propia electricidad” pone en peligro la escasa modernidad que aún conserva la economía cubana. Para el economista, esta exigencia es una muestra de la crisis estructural que enfrenta el sector energético del país, y una prueba más de la ineficacia de un gobierno que no ha podido asegurar servicios básicos para las empresas.
5/8 Llama la atención de que lo dicho en TV por la Directora General de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), parecería ir más allá de lo que está en “la letra” del decreto 110/2024. Alguien debería aclarar eso https://t.co/xXI6TrjYLZ
— Pedro Monreal (@pmmonreal) November 27, 2024
Monreal también destacó que la medida es una extensión de la visión que ya ha sido aplicada en otros sectores de la economía, como el del financiamiento. En este sentido, advirtió que la nueva normativa refleja una visión “desintegradora” de la economía nacional, al exigir que las Mipymes, en lugar de recibir apoyo estatal, tengan que financiar por su cuenta las inversiones en energía renovable. Según el catedrático, esto no solo desincentiva la inversión, sino que también fomenta la ineficiencia económica.
El Decreto 110/2024 establece que las empresas con un consumo mensual superior a 30 MWh deben generar al menos el 50% de su energía de manera autárquica y renovable. Si esto no es posible, las Mipymes deben contratar la generación de electricidad en parques solares fotovoltaicos administrados por la Unión Eléctrica, financiando ellos mismos las inversiones necesarias.
Para Monreal, esta obligación constituye una barrera adicional para la inversión privada en un país donde ya existe una tasa de acumulación de capital muy baja y una estructura de inversión distorsionada, centrada principalmente en el turismo.
De acuerdo con el economista, la situación es aún más alarmante si se toma en cuenta que las medidas parecen ir más allá de lo que estipula el propio decreto. En particular, hace referencia a unas declaraciones de la Directora General de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), quienes sugirieron una implementación más estricta de lo que se plantea en la ley, lo que ha generado aún más incertidumbre entre los empresarios.
Monreal también señaló que la imposición de estas normas energéticas limita la capacidad de las empresas privadas para generar empleo y contribuir al desarrollo económico del país, ya que una gran parte de los recursos deberán destinarse a cumplir con las nuevas exigencias energéticas.
Ni el propio Estado ha sido capaz de desarrollar el sector de las energías renovables. Cifras oficiales indican que al cierre del 2023 la potencia instalada en parques eólicos y fotovoltaicos representaba apenas era el 5% de la potencia total en plantas de servicio público.
Caballeros, ¿¿Será que los dirigentes cubanos creen que aplicar la teoría de solución a los problemas “al absurdo” da la respuesta correcta??…