El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos formales contra 12 ciudadanos cubanos involucrados en una conspiración internacional dedicada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero.
Según la acusación, estos individuos facilitaron la entrada ilegal de miles de cubanos al país norteño mediante fraudes relacionados con el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).
Entre enero de 2021 y junio de 2025, los acusados promovieron servicios fraudulentos en línea, asegurando que los ciudadanos cubanos podían obtener visas a través de declaraciones falsas sobre su ciudadanía europea. Los traficantes presentaron cientos de solicitudes fraudulentas del ESTA, utilizando direcciones y documentos falsificados para evadir los controles migratorios.
Watch Live Today at 3:00 p.m. ET: @AGPamBondi, U.S. Attorneys to Announce Significant Enforcement Efforts to Combat Human Trafficking, Smuggling on U.S. Borders https://t.co/VOabbFCPRW
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 4, 2025
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) jugó un papel crucial en la investigación. Los acusados fueron identificados como parte de un esquema de tráfico de personas que se expandió rápidamente.
Las autoridades aseguran que los implicados operaban principalmente a través de plataformas de redes sociales y mensajería cifrada, como WhatsApp, con grupos dedicados al “Trámite de ESTA y visa de turismo a EEUU para ciudadanos españoles”.
Acusados por el Departamento de Justicia de EEUU
- Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 27 años, de Hialeah, Florida (residente ilegal en EEUU);
- Yuniel Lima-Santos, de 30 años, de Tampa, Florida;
- Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 26 años, residente ilegal en Lebanon, Tennessee;
- Marianny Lucía López-Torres, de 25 años, residente en Cuba (anteriormente en Hialeah, Florida);
- Frandy Aragón-Díaz, de 33 años, de Cuba (anteriormente residente ilegal en Tampa, Florida);
- Erik Ventura-Castro, de 23 años, residente en Hialeah, Florida;
- Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 años, de Tampa, FL;
- Walbis Pozo-Dutel, 30 años, residente en Katy, TX;
- Emanuel Martínez González, 28 años, que reside ilegalmente en Hialeah, FL;
- Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 años, de Tampa, FL;
- Layra Libertad Treto Santos, 31, de Tampa, FL; y
- Gisleivy Peralta Consuegra, 40 años, de Tampa, Florida.
Lo que inicialmente parecía una pequeña operación se convirtió en una empresa comercial multimillonaria. Los traficantes cobraban entre 1.500 y 40.000 dólares por cliente, e incluso alquilaron aviones privados para trasladar a grupos de extranjeros como parte de sus servicios de agencia de viajes.
Se estima que la organización de tráfico de inmigrantes gastó más de 2.5 millones de dólares en vuelos y canalizó más de 7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. Los registros financieros indican que la conspiración generó más de 18 millones de dólares en ingresos.
La Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, señaló que el fraude incluyó el tráfico de menores de edad que viajaron sin acompañantes y fueron instruidos para mentir a las autoridades. “Si trafican con seres humanos, serán encontrados, procesados y llevados ante la justicia”, declaró Bondi a modo de advertencia general para otros que intenten burlar los sistemas del país.
Por su parte, el director del USCIS, Joseph Edlow, calificó el caso como “una conspiración criminal multinacional, multianual y multimillonaria”.
La operación de investigación fue liderada por el grupo especial Joint Task Force Alpha (JTFA), con la colaboración de USCIS, la Patrulla Fronteriza, el FBI y autoridades internacionales, incluyendo las Islas Caimán. La magnitud del fraude ha llamado la atención a nivel mundial, resaltando la complejidad y alcance de las redes de tráfico de personas involucradas en estos crímenes.
