Este viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, aumentando así la presión sobre el régimen castrista.
Entre las medidas adoptadas está la de poder congelar bienes en EEUU de funcionarios, empresarios, familiares adultos y entidades vinculadas al régimen. Esto busca presionar a estructuras acusadas de represión, corrupción y amenazas a la seguridad nacional estadounidense.
La disposición, titulada “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”, se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, conocida como IEEPA.
También toma como base la emergencia nacional declarada el 29 de enero de 2026 mediante la Orden Ejecutiva 14380, donde Washington calificó al Gobierno de Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional y política exterior.
Congelamiento de activos en EEUU
La orden bloquea propiedades e intereses en propiedades ubicadas en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses, cuando pertenezcan a individuos o entidades designadas. Esos activos no podrán transferirse, pagarse, retirarse, exportarse ni negociarse.
El alcance incluye a quienes operen en sectores claves de la economía cubana, como energía, defensa, metales, minería, servicios financieros y seguridad. También abarca a personas o compañías controladas por el Gobierno cubano, o que actúen directa o indirectamente en su nombre.
¿Quién se verá afectado por la nueva medida?
La medida apunta además contra dirigentes, funcionarios, altos ejecutivos y miembros de juntas directivas de entidades estatales o bloqueadas. El texto incluye subdivisiones políticas, agencias e instrumentos del Estado cubano, lo que deja expuestas a estructuras empresariales manejadas por el aparato militar y de seguridad.
También se incluirá a aquellos responsables o cómplices de abusos graves de derechos humanos. A su vez, podrán ser sancionados quienes participen en corrupción vinculada a Cuba, incluida la apropiación de bienes públicos, la expropiación de propiedades privadas con fines políticos o personales, y el soborno.
La orden va más allá de los funcionarios directos. También permite sancionar a cualquier familiar adulto de una persona designada. Ese punto golpea a redes de privilegio que suelen mover recursos fuera de la isla mientras la población enfrenta escasez, represión y deterioro económico.
El documento establece que no será obligatorio avisar con antelación a los afectados antes de incluirlos en la lista de sancionados. La Casa Blanca argumentó que la transferencia inmediata de fondos o activos podría volver ineficaz la medida si existiera notificación previa.
Además del bloqueo patrimonial, la orden prohíbe transacciones de personas estadounidenses con los sancionados y suspende la entrada a EEUU, como inmigrantes o no inmigrantes, de quienes cumplan los criterios definidos por Washington.
