Un amplio frente legal se ha abierto contra el gobierno de Donald Trump, luego de que miles de empresas de distintos países presentaran demandas para impugnar los aranceles comerciales impuestos durante su administración y exigir la devolución de los pagos realizados por concepto de derechos de importación.
Los procesos se tramitan en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y en otras cortes federales, y cuestionan de manera directa la base legal utilizada por el Ejecutivo para aplicar los gravámenes.
El núcleo de los reclamos gira en torno al uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una normativa aprobada en 1977 para responder a situaciones excepcionales de emergencia nacional.
Las empresas demandantes sostienen que esa ley no autoriza la imposición generalizada de aranceles comerciales y que la Casa Blanca excedió sus facultades al aplicar tarifas sin la aprobación expresa del Congreso, afectando importaciones procedentes de socios clave como China, India y Brasil.
Hace unos días, la Corte Suprema de EEUU calificó los aranceles arbitrarios de Trump como ilegales y sentenció que él no tiene la autoridad para tomar esas decisiones.
El 3 de febrero pasado, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer confirmó que el máximo tribunal analiza el caso, al subrayar la magnitud de los riesgos económicos y legales involucrados.
En círculos empresariales y financieros se da por hecho que la decisión podría marcar un precedente de gran alcance para la política comercial del país.
Ejecutivos, agentes aduanales y especialistas en comercio internacional advierten que, si el gobierno pierde los litigios, se abriría la puerta a una disputa por reembolsos que podría alcanzar hasta 150.000 millones de dólares.
Esa cifra refleja no solo el volumen de los aranceles cobrados durante los últimos años, sino también el impacto acumulado sobre cadenas de suministro, precios al consumidor y planificación empresarial.
Entre las compañías que han acudido a los tribunales figuran grandes multinacionales de distintos sectores. El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD solicitó en febrero de 2026 la devolución total de los aranceles pagados desde abril del año anterior, al alegar un uso indebido de poderes de emergencia.
La estadounidense Goodyear Tire & Rubber Company presentó su demanda en diciembre de 2025 para impugnar las tarifas y preservar su derecho a un eventual reembolso, al igual que el proveedor de autopartes BorgWarner.
También recurrieron a la vía judicial la firma de cámaras GoPro, el gigante minorista Costco Wholesale, el grupo óptico EssilorLuxottica y el productor de aluminio Alcoa.
A ellos se suman filiales de Toyota, la procesadora de alimentos Bumble Bee Foods, la empresa de cosméticos Revlon, así como Kawasaki Motors Manufacturing Corp USA, Yokohama Tire y el fabricante de maquinaria Yamazaki Mazak.
Aunque los argumentos varían según el sector, todas las demandas coinciden en señalar que la aplicación de los aranceles bajo la IEEPA carece de sustento legal.
El pronunciamiento final de la Corte Suprema será clave para determinar si el Ejecutivo actuó dentro de sus atribuciones y si corresponde la devolución de miles de millones de dólares a los importadores afectados, en un caso que podría redefinir los límites del poder presidencial en materia comercial.
⚖️🇺🇸 Miles de empresas han presentado demandas contra el gobierno de Estados Unidos para impugnar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y reclamar el reembolso de los derechos pagados.
🧐 Los casos cuestionan la legalidad de los gravámenes aplicados a importacio pic.twitter.com/VIq1DaPF6I
— Angelleline (@Anlleline98650) February 22, 2026
