Un reciente análisis de los datos oficiales del Anuario Demográfico de Cuba 2024, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), ha dejado al descubierto una preocupante tendencia en los embarazos de niñas y adolescentes cubanas: el 65% de los embarazos en adolescentes cubanas involucran a hombres mayores de edad.
Para el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), esto plantea serias preocupaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de estas menores. En total, en 2024 nacieron en Cuba 71.358 bebés, de los cuales 11.962 (16.76%) fueron hijos de madres adolescentes.
En el caso de las menores de 15 años, un 40.55% de los padres son adultos mayores de 20 años. En el grupo de madres de 15 a 19 años, la proporción de padres adultos alcanza un alarmante 65.25%.
Expertos advierten que esta desigualdad de edades en las relaciones puede estar asociada con situaciones de abuso de poder, lo que vulnera seriamente los derechos de las niñas y adolescentes.
Por otra parte, también se reveló que el 22.93% de las embarazadas menores de 20 años no hay información disponible sobre el padre. Esta omisión pone en riesgo la identificación de responsabilidades y dificulta el diseño de políticas efectivas de protección.
A lo largo de los últimos años, se han producido cambios en la legislación cubana que afectan directamente la situación. La eliminación del matrimonio infantil en 2022 fue un avance, pero la posterior reducción de la edad de consentimiento sexual a 12 años ha sido vista como una regresión que facilita situaciones de abuso y perpetúa la desigualdad de género.
Expertos de la plataforma Yo Sí Te Creo Cuba afirman que las leyes y políticas actuales favorecen la perpetuación de relaciones de poder desiguales y con graves riesgos para la salud y los derechos de las adolescentes.
Organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han sido claros en sus advertencias sobre los riesgos del embarazo adolescente.
Según la OMS, “el embarazo adolescente conlleva mayores riesgos médicos, sociales y educativos, y ocurre con más frecuencia en contextos de desigualdad y falta de protección”. Por su parte, el UNFPA advierte que los embarazos en niñas menores de 18 años violan sus derechos y perpetúan ciclos de pobreza.
En América Latina y el Caribe, se ha identificado que una de cada cuatro mujeres contrajo matrimonio o vivió en unión antes de los 18 años, la mayoría con hombres considerablemente mayores.
