Un cubano, identificado como Lázaro Miranda Alonso, de 26 años, fue arrestado por ser sospechoso de una serie de robos mientras era empleado en una sucursal de Walmart de Doral, Miami-Dade.
Según un informe policial compartido por Local 10, el detenido reveló a los agentes durante su detención que cometía los robos para poder pagar la habitación de un motel al no contar con un hogar fijo.
El caso ocurrió en el Walmart Supercenter ubicado en 8651 NW 13th Terrace. De acuerdo con el reporte policial, Miranda Alonso se aprovechó de su acceso a la caja registradora para procesar devoluciones sin clientes presentes y sin recibir mercancía a cambio.
La investigación incluyó la revisión de imágenes de vigilancia. Los videos muestran al acusado realizando devoluciones de manera irregular, utilizando recibos de otros compradores para cargar fondos en tarjetas de regalo o, en algunos casos, quedarse con el dinero en efectivo.
Las autoridades calcularon que el monto sustraído asciende a 857,46 dólares. El reporte sostiene que el trabajador manipulaba recibos ajenos para simular reembolsos legítimos dentro del sistema de la tienda, una práctica que derivó en varios cargos penales.
Miranda Alonso fue detenido poco después de las 7:30 p.m. del lunes pasado dentro del propio Walmart de Doral. Más tarde, a las 9:30 p.m., quedó ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, según los registros del sistema penitenciario del condado de Miami-Dade.
El joven enfrenta siete cargos en total. Entre ellos figuran estafa organizada, hurto mayor en tercer grado y cinco cargos adicionales por utilizar un recibo falso u obtenido de forma fraudulenta para solicitar reembolsos en Florida.
La fianza fue fijada en 5.500 dólares. El caso quedó asignado a la jueza del circuito del condado de Miami-Dade, Marisa Tinkler Méndez, quien deberá presidir el proceso judicial.
En Florida, el hurto mayor en tercer grado tiene como sanción hasta 5 años de prisión estatal, hasta 5 años de libertad condicional y multas de hasta 5.000 dólares.
Este delito se aplica cuando la propiedad robada tiene un valor de entre 750 y 19.999 USD o si se roba un vehículo motorizado, un arma de fuego, un animal de granja comercial, un extintor de incendios, una señal de “Alto”, sustancias controladas o un testamento u otro documento legal.
Además de la prisión y las multas, la condena por este delito conlleva la restitución a la víctima del valor robado. También se genera un antecedente penal permanente, lo que puede dificultar la búsqueda de empleo o vivienda. Como consecuencia adicional, la condena puede resultar en la pérdida de derechos civiles, como el derecho al voto y a poseer armas de fuego.
