El derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por cazas de la Fuerza Aérea Cubana volvió al centro de la atención política y judicial tras el arresto en Estados Unidos de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los pilotos cubanos involucrados en la operación, y la imputación del exgobernante Raúl Castro por cargos relacionados con el hecho, que dejó cuatro muertos sobre aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.
El incidente ocurrió el 24 de febrero, con motivo del aniversario del reinicio de las luchas por la independencia, partieron del aeropuerto de Opa Locka, Florida tres avionetas bimotores Cessna 337 Skymaster hacia Cuba vinculada a las actividades humanitarias de la organización.
El gobierno de la isla ordenó la salida del MiG-29UB 900 y un MiG-23 para detener a los aviones. Dos de las avionetas fueron interceptadas en aguas internacionales por cazas MiG-23 cubanos y destruidas con misiles aire-aire sin previo aviso, mientras una tercera logró escapar.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. Todos integraban Hermanos al Rescate, una organización creada para localizar y asistir a balseros cubanos que intentaban cruzar el Estrecho de Florida.
El gobierno cubano había advertido previamente que consideraba esos vuelos una violación de su espacio aéreo y una provocación política. La Habana sostuvo durante años que las aeronaves habían penetrado territorio cubano, una versión rechazada por autoridades estadounidenses y organismos internacionales.
Washington afirmó que el derribo ocurrió en el espacio aéreo internacional. El ataque generó una inmediata condena internacional y elevó las tensiones entre Cuba y Estados Unidos en uno de los episodios más graves de las relaciones bilaterales tras el fin de la Guerra Fría.
Las consecuencias políticas no tardaron en aparecer. Ese mismo año, el gobierno estadounidense endureció el embargo económico contra la Isla mediante la aprobación de la Ley Helms-Burton, legislación que reforzó las sanciones contra el régimen cubano y amplió las restricciones comerciales.
La ley marcó un cambio en la política de Washington hacia La Habana al convertir en legislación federal varias medidas del embargo que hasta entonces dependían de decisiones presidenciales. También abrió la puerta a demandas judiciales vinculadas a propiedades confiscadas tras la Revolución cubana.
Tres décadas después del incidente, el medio independiente Periódico Cubano detectó y denunció la presencia de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los pilotos que participó directamente en el derribo de las avionetas. Aunque no se le atribuye haber disparado los misiles, fue señalado como parte de la operación ejecutada bajo las órdenes de Rubén Martínez Puente, entonces comandante de la Fuerza Aérea Cubana.
En noviembre de 2025 el militar fue puesto bajo custodia y acusado por la Fiscalía Federal del Sur de la Florida de fraude migratorio y declaraciones falsas en su solicitud de residencia (Green card) en los Estados Unidos.
En mayo del siguiente año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos penales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las aeronaves. La acusación incluye delitos como asesinato y destrucción de aeronaves civiles.
Según las autoridades estadounidenses, Raúl Castro formaba parte de la cadena de mando que autorizó la operación militar contra las avionetas de Hermanos al Rescate. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha reconocido responsabilidad criminal en el hecho.
