El segundo juicio contra el exministro de Economía y otrora viceprimer ministro cubano Alejandro Gil Fernández podría celebrarse en cualquier momento, posiblemente esta misma semana.
La información fue confirmada por su hermana, María Victoria Gil, abogada y expresentadora de la televisión cubana, quien aseguró en una entrevista con Martí Noticias que el proceso judicial “es inminente”.
Según la abogada, la fuente que le proporcionó esta información le indicó que el juicio se desarrollará bajo el mismo hermetismo que rodeó el proceso por espionaje concluido hace dos semanas.
Respecto a este proceso, el exministro fue acusado de ser un agente de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, una situación que ha sido negada rotundamente por él y sus familiares.
Gil, quien fue uno de los ministros más cercanos a la élite del régimen cubano, se enfrenta a serios cargos de corrupción. La familia del exfuncionario ha insistido en que el régimen cubano ha dividido artificialmente las causas para controlar la narrativa del caso y minimizar el impacto político.
A pesar de los intentos de la familia de Gil para que el juicio fuera público, el régimen se mantiene firme a su acostumbrado hermetismo. “Es muy poco probable que lo hagan público. Mi hermano sabe demasiado. Desde el primer día dijo que quería hablar, y por supuesto, lo van a silenciar”, advirtió María Victoria.
Esta lectura coincide con la de varios expertos jurídicos, quienes consideran que el régimen no permitirá que un exministro con acceso a información sensible exponga las tensiones internas, contradicciones y redes económicas de la élite cubana.
El segundo juicio, al igual que el primero, se celebrará con fuerte presencia de la seguridad del Estado, sin acceso a la prensa y sin una comunicación oficial por parte del Tribunal Supremo Popular.
Hasta la fecha, no se ha informado si el primer juicio de Alejandro Gil, celebrado entre el 11 y el 13 de noviembre, ha quedado visto para sentencia. La falta de transparencia sobre los procedimientos judiciales genera aún más incertidumbre sobre el destino del exministro.
Según la información proporcionada por María Victoria, los delitos son malversación, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, correspondientes a la época en que Alejandro Gil se desempeñó como gerente de la empresa de seguros marítimos Caudal en el Reino Unido.
En esa etapa, el exministro vivía en Londres con su familia y viajaba a Cuba cada seis meses. Durante ese tiempo, disfrutaba de los lujos propios de un ejecutivo con acceso a fondos internacionales, como una membresía en un club exclusivo de Miramar y un auto de alta gama financiado por la empresa británica.
Sin embargo, María Victoria defiende que esta vida acomodada formaba parte del engranaje empresarial del Estado cubano para mover capitales en el extranjero, y no de una red criminal personal, como intenta demostrar la Fiscalía.
La abogada subraya que su hermano fue simplemente un “funcionario del sistema” que operaba dentro de las normativas del régimen cubano, y no un individuo dedicado al enriquecimiento personal a costa del Estado.
El espionaje y las acusaciones de la CIA
En cuanto al juicio de espionaje, María Victoria reiteró que las acusaciones son “totalmente falsas”, pero añadió un matiz importante: “Prefiero pensar que mi hermano fue captado por la CIA a creer que fue un servidor fiel del régimen que ahora lo destruye”.
Según la versión de la defensa, Alejandro Gil negó rotundamente haber trabajado para una potencia extranjera, y su familia sigue defendiendo la inocencia de su pariente frente a las graves acusaciones.
María Victoria sostiene que, independientemente de la verdad sobre estas acusaciones, el régimen busca utilizarlo como un “chivo expiatorio” para desviar la atención de problemas internos más graves.
Hasta el momento, el Tribunal Supremo Popular no ha dado señales de si ha concluido la fase de análisis del primer juicio, ni ha establecido una fecha para la emisión de la sentencia.
El exfuncionario se encuentra recluido en una de las cárceles más duras del país, la prisión de Guanajay, a la espera de posibles sanciones, que podrían ir desde 30 años de prisión hasta la pena de muerte.
